Parlamento argentino debatirá megadecreto de Milei entre el 26 de diciembre y 31 de enero

El
gobierno argentino llamó al Parlamento a sesiones extraordinarias para tratar un
paquete de leyes de reforma del Estado y un polémico megadecreto con una amplia
desregulación de la economía, según la convocatoria que lleva la firma del
presidente ultraliberal Javier Milei.

El
presidente plasmó la convocatoria el viernes por la noche para que el Congreso
inicie sesiones extraordinarias del 26 diciembre al 31 de enero, al cabo de una
semana de protestas de sindicatos, inquilinos y partidos de izquierda
contra las reformas contenidas en un decreto que debe refrendar el Congreso.

En el
temario de las sesiones extraordinarias el mandatario incluyó, además,
iniciativas para la restitución de impuestos sobre los salarios, modificaciones
a la ley electoral y reformas del Estado.

Sin
embargo, el plato fuerte está contenido en el
megadecreto con más de 300 reformas que cambiarán la vida cotidiana de los
argentinos.

Entre
otras modificaciones el decreto deroga la ley de alquileres que serán sin
plazo, sin tope de precios y en cualquier moneda. También lleva de tres a ocho
meses el período de prueba laboral, elimina protecciones a los trabajadores y
leyes que resguardan al consumidor de aumentos de precios abusivos, ello cuando
la inflación supera el 160% anual y la pobreza el 40%.

También
libera las comisiones bancarias y la tasa punitiva para las deudas, elimina la
ley que establecía aumentos regulares de jubilaciones y pensiones, libera las
cuotas de la medicina privada y abre las puertas a la privatización de empresas
públicas. 

El
plan “motosierra” de Milei para recortar el gasto del Estado despertó la
semana pasada las primeras protestas callejeras con “cacerolazos” contra el
gobierno frente al Congreso y en plazas y esquinas de las principales ciudades
del país, sin mayores incidentes. También provocó el llamado de las
centrales obreras a una manifestación el miércoles próximo frente a los
tribunales para entregar a la justicia un pedido de impugnación del decreto por
considerarlo inconstitucional y un amparo para que se suspendan todos sus
efectos.

El
Congreso tiene 10 días para refrendar o rechazar el decreto en su totalidad sin
que pueda abrir a discusión los detalles de su contenido, según el reglamento
para el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia.

El
decreto se aprueba por mayoría simple y entrará en vigor de todos modos el 29
de diciembre en caso de no ser tratado en el plazo previsto. En cambio, para
invalidarlo deben rechazarlo ambas cámaras.

El
partido del presidente, La Libertad Avanza, tiene 40 de los 257 diputados y
siete de 72 senadores, en tanto el ahora opositor peronismo conserva la primera
minoría en ambas cámaras.

AFP