Detenidos en protestas antichavistas son presionados para que admitan delitos, alerta ONG

La ONG venezolana Provea informó este viernes que personas
detenidas luego de las elecciones del 28 de julio, en contexto de protestas
antichavistas, son presionadas y amenazadas para que “admitan delitos que el
Ministerio Público (Fiscalía) les ha imputado sin pruebas” y “sin garantías” al
“debido proceso”, según denuncias que recibió la organización de familiares de
los apresados.

A través de un hilo en la red social X, la ONG informó que
los familiares denunciaron que “agentes del Estado estarían coaccionando a los
privados de libertad bajo amenazas de ser pasados a juicios sin ningún tipo de
beneficio procesal”, incluso -agregó la ONG- mediante “el sometimiento a
torturas y tratos crueles”, que incluyen “golpizas, negación de alimentos y
medicinas y restricciones para recibir visitas”.

“Se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas
digitales en papeles en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo y
una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos”,
señaló Provea, sin precisar si recibió algún tipo de prueba, además de los
testimonios de familiares, para sustentar la afirmación.

Asimismo, recordó que la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el “concepto de tortura y
tratos”, así como “penas crueles”, no se limita a “prácticas de violencia
física o psíquica”, sino que incluye también “condiciones de detención que no
respetan la dignidad humana”, como “casos de hacinamiento” y “malas condiciones
de reclusión”, entre otras.

Según Provea, las denuncias de los familiares proceden de
detenidos en las cárceles de Tocuyito, Tocorón, el Rodeo y Las Crisálidas.

Atención.

Recibimos denuncias de familiares de personas detenidas arbitrariamente en protestas postelectorales del 28J #Venezuela:

Indican que dentro de las cárceles Tocuyito, Tocorón, Rodeo y Las Crisálidas, se presiona y amenaza a los detenidos para que admitan delitos que el… pic.twitter.com/qG7NkUraF9

— PROVEA (@_Provea) October 11, 2024

Tras las elecciones presidenciales, más de 2.400 personas
fueron detenidas, según cifras del Ejecutivo, en contexto de protestas masivas
suscitadas contra el resultado oficial que dio la reelección al mandatario
Nicolás Maduro, una victoria que ha sido cuestionada dentro y fuera del país.

Las personas detenidas, señaló Provea, están siendo “acusadas
de terrorismo”, un delito que, según la legislación venezolana, contempla penas
de entre 25 a 30 años de prisión.

“El elevado número de personas acusadas de terrorismo por
el Gobierno de Maduro y el cooptado sistema de administración de Justicia
venezolano ratifican lo que varias relatorías de Naciones Unidas han calificado
como ‘abuso crónico’ de la legislación antiterrorista”, manifestó la
organización.

La Fiscalía venezolana acusa a los manifestantes de generar
“violencia” y “vandalismo” durante las protestas, afectando así a sedes de
organismos públicos, mientras que la mayor coalición opositora, que denuncia
como “fraudulento” el resultado electoral, señala a los agentes de seguridad
del Estado de “represión”.

EFE