Justicia cita a declarar a Alberto Fernández en causa de corrupción durante su gobierno

El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) fue
citado a prestar declaración indagatoria ante la Justicia argentina por una
causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros para
organismos públicos durante su mandato.

Fernández fue citado a declarar por el juez federal Julián
Ercolini junto a otras 39 personas, según indica una resolución publicada este
viernes por el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11.

Los 39 convocados por el juez fueron citados por “haber
intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente
entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema
de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular
direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por
distintas reparticiones públicas en ‘Nación Seguros S.A.’”.

Fernández deberá presentarse el próximo 20 de noviembre. También
fueron citados su exsecretaria María Cantero y su esposo, Héctor Martínez Sosa.

El exmandatario había sido imputado en febrero de este año
por el fiscal federal Ramiro González, a raíz de una denuncia penal de la
abogada Silvina Martínez, que los acusó de los delitos de violación a los
deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales
públicos.

La denuncia pidió que se investigaran las presuntas
irregularidades en torno al decreto firmado por Fernández en diciembre de 2021
por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los
seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían
beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias
comisiones.

Pese a no necesitar gestores para contratar esos seguros,
los organismos públicos habrían utilizado de intermediario a Martínez Sosa,
quien, además figura como acreedor del expresidente en sus declaraciones
juradas.

En el marco de la investigación, la Justicia halló en el
teléfono móvil Cantero, fotografías de la expareja de Fernández, Fabiola Yáñez,
con signos de violencia en su cuerpo, y mensajes de texto y de audio en los que
la entonces primera dama argentina acusa al exmandatario por esos supuestos
golpes recibidos en la residencia presidencial de Olivos.

El hallazgo de esos materiales llevó a que Yáñez denunciara
a Fernández por violencia machista, a comienzos de agosto.

Tras la denuncia, el fiscal Ramiro González imputó al
expresidente por lesiones graves doblemente agravadas a causa del vínculo y por
producirse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en
perjuicio de Yáñez.

En su dictamen, González afirmó que Yáñez “sufrió una
relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas
en un contexto de violencia de género e intrafamiliar”, asentada “sobre una
relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del
tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de
Fernández como presidente”, en 2019, y “el ejercicio del cargo”, hasta
diciembre pasado.

El concepto de “imputación” en Argentina es distinto al de
Uruguay, ya que no implica necesariamente la culpabilidad del sujeto.

Según el glosario del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires, en el derecho procesal penal, “la calidad de imputado nace en el momento
en que el individuo es señalado como partícipe en un hecho delictivo, sin que
con ello deba darse por supuesta su culpabilidad, porque un imputado puede ser
sobreseído o absuelto, con lo cual desaparecería la imputación”.

En Uruguay, “es toda persona a quien la Fiscalía atribuya
participación en la comisión de un delito, o que sea indicada como tal ante las
autoridades competentes”, según el artículo 63 del Código del Proceso Penal.

Con información de EFE