Justicia condenó a guardia de seguridad por amenazas de bomba e imputó a una funcionaria del Montevideo Shopping
La Justicia condenó a un hombre que trabajaba como guardia de seguridad de una empresa privada por las amenazas de bomba a las mutualistas Casa de Galicia y Círculo Católico, así como al Montevideo Shopping, informó la Fiscalía General de la Nación.
Junto al hombre fue imputada –porque no aceptó firmar un acuerdo abreviado y aceptar la responsabilidad de los hechos por los que se la acusa– una funcionaria del Montevideo Shopping, que llamó a la Policía para advertir por una bomba en ese establecimiento.
Según informó Fiscalía, el hombre reconoció su responsabilidad y fue condenado por reiterados delitos de violencia privada y simulación de delito.
Al ser primario y no tener antecedentes penales, la Justicia dispuso que esté seis meses con libertad a prueba, que incluyen realizar tareas comunitarias en ese lapso, fijar domicilio y presentarse una vez por semana en la comisaría.
En el caso de la mujer, deberá permanecer con prisión domiciliaria por 45 días y usar tobillera electrónica. El vocero de Fiscalía, Javier Benech, aseguró que la funcionaria fue imputada por violencia privada y simulación de delito.
Y agregó que la mujer dijo que “se había enterado de un rumor de que había una bomba” y que, por esa razón, hizo la llamada.
La investigación por estos casos estuvo a cargo del fiscal Raúl Iglesias, quien también analiza la amenaza de cometer una masacre que recibió la Universidad de la República (Udelar).
Desde el fin de semana pasado, distintos establecimientos recibieron amenazas de bomba. Primero fue el Montevideo Shopping, pero luego le siguieron el Punta Carretas, Portones Shopping e instituciones de enseñanza pública.
El miércoles la Udelar debió suspender todas sus clases hasta las 13:00 luego de recibir en la madrugada un correo electrónico que llegó a la casilla del rector Álvaro Mombrú con una amenaza de masacre.
En el cuerpo del texto se adjuntaba una fotografía de armas de distinto calibre.
Según supo El Observador, la Policía investiga las amenazas de bomba que llegaron de forma telefónica y el correo electrónico que recibió la Udelar como cosas separadas. De una primera investigación se pudo determinar que la foto partió de España y que el correo alertando de una masacre se envió desde algún país de Europa.
- El Observador
