“SE USÓ PARA OTRA COSA”: la frase de Morel que expone el desvío de fondos en Cerro Largo
Desvío de fondos, deudas impagas y partidas con destino cambiado. Las declaraciones de Christian Morel reactivan una discusión sensible en Cerro Largo, mientras persisten dudas sobre si habrá consecuencias concretas o si todo quedará en el plano político.
El desvío de fondos públicos volvió a quedar en el centro de la escena tras declaraciones del intendente de Cerro Largo, Christian Morel, quien confirmó irregularidades en el uso de recursos con destino específico y reconoció deudas generadas por ese mecanismo en la administración pasada.
En ese marco, Morel confirmó lo adelantado por Cerro Largo Portal respecto a la deuda de 40 mil dólares con la empresa a la que se le compró el camión perforador que nunca perforó. Según explicó el jefe comunal, ese dinero llegó desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), pero nunca fue abonado, ya que los fondos fueron utilizados para otros fines.
“El dinero fue destinado a otra cosa”, admitió Morel, señalando que “esa plata o estaba en caja” y que esta práctica (la del desvío) se repitió en distintos casos. Como ejemplo, mencionó al Cine Melo y dinero recibido que no se materializó en obras, también a fondos asignados a caminería rural los que terminaron siendo utilizados para el carnaval, confirmando así el cambio de destino de partidas públicas.
El intendente también indicó que 35 millones de pesos enviados para los municipios fueron utilizados para fines distintos a los previstos originalmente, profundizando las dudas sobre el manejo presupuestal en administraciones anteriores.
Desde el punto de vista legal, el desvío de fondos públicos puede acarrear responsabilidades administrativas, civiles y eventualmente penales, dependiendo de lo que determinen las auditorías y eventuales investigaciones judiciales. En Uruguay, la utilización de recursos con destino específico para fines distintos puede configurar irregularidades graves, y en determinados casos derivar en figuras como abuso de funciones, omisión de deberes inherentes al cargo o responsabilidades patrimoniales, si se comprueba daño al Estado o incumplimiento deliberado de la normativa vigente.
Morel sostuvo además que la auditoría en curso se encuentra trabajando sobre compras, funcionarios y procedimientos administrativos, aclarando que no ha tenido contacto directo con los responsables de ese proceso, quienes “se manejan directamente con Hacienda”.
Cabe señalar que los conceptos vertidos por el intendente días atrás en medios locales despertaron visiones encontradas dentro de figuras vinculadas a la administración de Yurramendi, sin que hasta el momento ninguno de esos referentes se haya manifestado públicamente sobre el tema (ampliaremos).
Las declaraciones reavivan el debate sobre la responsabilidad política, administrativa y eventualmente judicial, el uso de dineros públicos y el alcance real de las auditorías en curso. Persiste, sin embargo, la duda central: si todo lo expuesto logrará ser probado y derivará en consecuencias concretas, o si una vez más el tema quedará reducido a dimes y diretes políticos que, como suele ocurrir, terminan diluyéndose sin responsables ni sanciones. Ante esta presunción, Morel dijo, “en lo que tenga que ir a fondo, iré”.
