VIOLADORES DE NIÑAS CON “CONDENITAS” QUE DAN VERGUENZA

REPUDIABLE.
El cuerpo de nuestros niños, de nuestras niñas, vale menos que la propiedad privada para la justicia y la violación de sus cuerpitos y el destrozo de sus almas, en la práctica, es menos grave que una rapiña o el contrabando, si comparamos algunas de las tantas condenas que se aplican. Sin mencionar, las amplias rebajas a la penitenciaria efectiva como consecuencia de la buena conducta, del estudio, de las comisiones internas que se les asignen, etc, etc.
El uruguayo por naturaleza señala en masa que “respeta a la justicia”, lo tenemos muy arraigado y parece bien, muy bien, pues habla del respecto institucional y la confianza que se tiene en la ley, pero en ningún lugar se dice que no se la puede cuestionar, criticar, modificar.
Sin embargo, llama poderosamente la atención que ante situaciones tan desiguales como las señaladas, nadie, y en particular los que nos representan, los que tienen fueros, los diputados, los Senadores, todos los representantes políticos, no digan NADA, ni mute.
Si alguien ha levantado la voz por este tema, no se le ha escuchado y claramente esta “injusticia” no forma parte del debate político, social o mediático. Hay muchos en MUTE mientras las aberraciones se multiplican.
Los delitos de índole sexual, siguen siendo una constante en Melo, Rio Branco y en el interior más profundo. Hay temporadas en las que, en forma diaria, sí, en forma diaria, se reciben denuncias de abuso sexuales a menores de edad.
En la mayoría de los casos, los abusadores están en el entorno más cercano y si bien los padrastros tienen mala fama, los padres biológicos disputan cabeza a cabeza esa desgraciada lista.
Hace pocos días, un hombre de nuestra ciudad violó a su hijastra (una niña). El desgraciado la ataba, la golpeaba y la sometía a diferentes vejámenes de índole sexual. Si bien el delito de violación establece una condena mínima de 3 años y una máxima de 16 de cárcel, existen (también) acuerdos abreviados que terminan favoreciendo ampliamente a los victimarios.
En el caso al que hacemos mención, el tiempo de penitenciaría no llega a la mínima. Dos años y 4 meses parecen ser suficientes para la justicia para pagar por semejante delito.
En relación al mismo y una vez se conoció la condena, la madre de la niña, montó en cólera, se fue al juzgado, pidió para hablar con la fiscal y le presentó sus descargos e hizo saber que no tomaron en cuenta todo lo denunciando. “De otra manera no se entiende”, señaló llorando la mujer.
“Esto no puede ser, esto no es justicia”, dijo.
Casos como este, se repiten sistemáticamente a lo largo y ancho del país y deberían ser parte de un análisis profundo. Mientras eso no acontezca, al sistema judicial, político, social y fundamentalmente a los que pertenecen calladitos, solapados, debería darles mucha vergüenza.
Aquí en Cerro Largo, en instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación (título de mentira), en el pabellón de los “violeta” cómo se les denominada, hay una treintena de personas privadas de libertad.
El recambio es casi permanente, porque salen rápido y rápido también vuelven. Lo que si es lento e irreversible son los daños ocasionados a las víctimas y sus familias, las que seguramente se sienten desprotegidas ante este sistema de “injusticia”.