Aumentan los juicios contra el MSP por los medicamentos de alto costo: ¿por qué?

La secuencia se repite cada vez con más frecuencia: el médico tratante le prescribe a su paciente un medicamento de alto costo, este no consigue el financiamiento y recurre a la Justicia, el juez analiza el caso en un tiempo breve -el estipulado en toda acción de amparo en la que el denunciante aduce que sus derechos están siendo amenazados-, falla a favor del reclamante (al menos en nueve de cada diez casos) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) es obligado a brindar el fármaco. La secretaría de Estado apela el fallo y en segunda instancia otra vez (en nueve de cada diez casos) el MSP es condenado.

En menos de cinco años se cuadriplicó la cantidad de recursos de amparo a los que se enfrenta la cartera (pasaron de 248 en 2017 a 953 el año pasado). La pandemia del covid-19, en que la asistencia médica se vio menguada y los juzgados bajaron su ritmo laboral (no los amparos, porque son juicios de urgencia), no cambió la dinámica. Al contrario: en 2021 creció casi una cuarta parte respecto al año anterior la cantidad de las acciones a las que el MSP hizo frente.

En cualquiera de los casos, se trata de medicamentos o intervenciones que escapan al Formulario Terapéutico de Medicamentos -más conocido por su sigla FTM-, una lista de aquellos fármacos y técnicas que brindan los prestadores de salud o el Fondo Nacional de Recursos (FTM).

En ese sentido, la estrategia de la actual administración del MSP se centra en incorporar más medicamentos a ese formulario, previa evaluación técnica, para reducir la cantidad de juicios y, a la vez, mejorar las condiciones de compra a los laboratorios. Porque la cifra de fallos en contra de la cartera implica desembolsos superiores a los 20 millones de dólares cada año “y va en aumento”, reconoce el ministro interino de Salud, José Luis Satdjian.

“Queremos que haya más tratamientos para más personas, y una opción es la incorporación de medicamentos que no estaban en las prestaciones”, explica Satdjian. El ejemplo más reciente es la suma al FTM de la Spinraza, una ampolla que se prescribe para una treintena de niños con atrofia muscular espinal y que cotiza a 100.000 dólares por unidad.

A comienzos de mayo el MSP cerró el acuerdo con el laboratorio estadounidense que la fabrica y de esa manera evitó quedar sujeto a la compra de urgencia (léase al precio que fija el laboratorio sin negociación) por demandas judiciales.

Casi la totalidad de estas acciones de amparo se realizan en Montevideo. El año pasado, por ejemplo, solo 35 de los 953 recursos provinieron de juzgados del interior. El MSP, como máximo órgano rector de la salud, suele ser el denunciado, aunque muchas de las condenas son en “solidaridad” con otras instituciones que deben pagar (típicamente el FNR).

Hay veces en que los denunciantes fallecen antes de que haya un fallo (eso pasó con dos casos el año pasado) o bien hay quienes desisten en el camino del recurso (un paciente dio de baja a su acción antes del fallo de primera instancia en 2021).

¿Quién paga?
Satdjian admite que “todas las opciones” están sobre la mesa y que no descarta que se incorporen herramientas de financiamiento en el proyecto de Rendición de Cuentas que el Ejecutivo tiene que enviar al Parlamento antes de que acabe el semestre.

Cuando se discutió la Ley de Urgente Consideración (LUC), el gobierno pretendía la incorporación de dos artículos: uno advertía que el 25% del dinero obtenido por los bienes decomisados vaya al FNR (el cual fue aprobado) y otro que incorporaba al fondo como una institución que podía recibir donaciones especiales (pero ese no prosperó).

En la misma normativa se creó la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria (la versión uruguaya del FDA), la cual tiene a estudio una decena de medicamentos para ser incorporados al FTM.

Mediante esa validación técnica, el Ministerio de Economía y el MSP fueron llevando adelante acuerdos que, según Satdjian, permitieron “el ahorro de más de seis millones de dólares en un año a base de mejorar la gestión de compra”.

Una opción que estudia el MSP es que el financiamiento del Estado no sea completo y que el patrimonio del paciente pese en el subsidio, como se hace por ejemplo en los tratamientos de fertilidad. Las autoridades ministeriales ya habían hablado de esa posibilidad a fines de 2020.

Según el abogado Juan Ceretta, del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República que representa a los pacientes en un tercio de los amparos, las “soluciones” que están sobre la mesa no evitarían por ahora el incremento de juicios. Porque a su entender “la velocidad de la ciencia es mayor a la incorporación de medicamentos al formulario del MSP”, porque “cada vez hay más gente que accede a la Justicia (incluso con abogados particulares)”, y porque “detrás de cada juicio hay otros tantos pacientes que se verán beneficiados por esos fallos”.

EL PAIS