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Gobierno aumentará gasto para la seguridad y financiamiento de la reforma educativa

Cabildo Abierto tiene un plan para combatir la inseguridad en Montevideo: aplicar el mismo sistema de videovigilancia que se instaló en Maldonado con una inversión de US$ 200 millones.

Como en todas las rendiciones de cuentas, los temas que el gobierno deberá atender este año son tan variados como grande es el Estado, aunque no en todos habrá un incremento presupuestal ni mucho menos.

Sin embargo, y aunque el primer mensaje desde el equipo económico había sido que este año se tendería nuevamente al “gasto cero”, lo que se ratificó ayer en una reunión en el Parlamento y es lo que ha venido anunciando el presidente Luis Lacalle Pou, esto no será tan así. Es decir, habrá un incremento presupuestal para financiar la reforma de la educación, y lo mismo se hará con el área de seguridad, una necesidad sobre la que se coincide en la coalición de gobierno.

“Se confirmó que el aumento en esta Rendición apuntará a dos temáticas muy sensibles, como lo son la reforma educativa y la seguridad ciudadana”, subrayó a El País el representante nacionalista Sebastián Andújar, luego de la reunión que mantuvieron los legisladores oficialistas de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco.

Porque en un contexto en el que los homicidios no paran de subir -en mayo se superó el doble de los asesinatos ocurridos en el mismo mes del año pasado-, los diputados trasladaron a Blanco la inquietud de que el gobierno “contemple un aumento de presupuesto”, y la devolución fue que “el gobierno ya trabaja en esa línea”.

“El presupuesto para el Ministerio del Interior se va a incrementar -siguió diciendo Andújar- porque esa es la prioridad: hay que dotarlo de más recursos humanos y comprar más equipamiento”, además de tener presente la intención de subir el sueldo de los policías, una aspiración que hizo pública semanas atrás el ministro Luis Alberto Heber.

“Más deuda”
Aunque la preocupación es compartida por todos, la inseguridad es un tema principal para Cabildo Abierto. Si bien aún no lo planteó oficialmente, el diputado Álvaro Perrone tiene en sus planes solicitar un aumento sustancial para reforzar el trabajo de prevención que hace la cartera de seguridad específicamente en la capital.

“Nosotros creemos que se necesitan mucho más recursos de los que se habla, fundamentalmente en tecnología”, dijo el legislador cabildante, que ya tiene la idea armada: aplicar en Montevideo el mismo sistema de videovigilancia que se instaló hace años en Maldonado, una inversión de US$ 20 millones que años atrás costeó la intendencia de ese departamento -que contrató para ello a una empresa de tecnología israelí.

“Como en Montevideo hay más o menos 10 veces más de habitantes, entendemos que la inversión que proponemos debería rondar los US$ 200 millones”, sostuvo el legislador, que planteó su iniciativa al líder de su partido, Guido Manini Ríos, y este le dijo que estaba “de acuerdo” en trasladar al gobierno este reclamo, contó Perrone en diálogo con El País.

“Que el Ministerio de Economía busque la forma de financiar esto, como lo encontró con el problema de los asentamientos”, propuso en relación al fideicomiso por US$ 120 millones creado en la rendición del año pasado para solventar el plan de erradicación de las viviendas irregulares que comenzó a ponerse en marcha este 2022.

“Hay una necesidad de incorporar esta tecnología ahora y si para eso hay que tomar deuda -insistió el legislador cabildante-, que se tome deuda: que no se tenga miedo porque esto no se va a resolver si se sigue mirando siempre el déficit fiscal”.

En la reunión, de todos modos, no se habló en detalle de ninguna propuesta específica, aunque sí sobrevolaron planteos puntuales de los legisladores o de los sectores partidarios que representan.

Así, por ejemplo, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, recordó el interés de que también se cuente con recursos para llevar adelante la reforma del Estado que quiere desarrollar Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil y hombre de confianza del ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

Otro planteo que estuvo arriba de la mesa fue el proyecto que tiene el diputado colorado Conrado Rodríguez de incluir en la norma presupuestal la eliminación del Adicional al Fondo de Solidaridad, el que desde 2001 pagan todos los profesionales egresados de la Universidad de la República.

No obstante, todos destacan que todavía falta mucho camino por recorrer, y sobre todo reafirman la seguridad de que esta rendición no llegará “cerrada” al Palacio Legislativo, en donde habrá margen para “redistribuir todos los recursos que sean necesarios para que los diputados puedan imprimir su impronta”, concluyó Andújar.

EL PAIS

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