El caso Sartori y la lucha contra la corrupción

POR ANTONIO LADRA
“La negativa de Juan Sartori de presentar la declaración jurada de su esposa, a pesar del fallo judicial, es preocupante”, señala El Acontecer, en publicación de la víspera, donde estable qué:
La decisión de Juan Sartori de no presentar la declaración jurada de su esposa Yekaterina Rybolóvleva, hija del magnate ruso Dimitri Rybolóvlev, pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia es grave si fuera un ciudadano común y corriente, pero es más grave aún que sea un senador, que además diga públicamente que no va a cumplir la Ley.
En las últimas horas el senador fue intimado para que explique el incremento de su patrimonio en casi 40 millones de dólares en un año. No tardaron en llegar las explicaciones, se debe a que “una de mis empresas comenzó a cotizar en la bolsa de valores y eso lleva a que su valor crezca”, dijo y fue más allá: “mi declaración personal está completa y validada por profesionales locales e internacionales. El resto es circo”.
Previamente hizo una publicación en la red X, antes Twitter, donde Sartori se defiende señalando que “hay casi 800 omisos (que no presentaron su propia declaración) en todo el Estado uruguayo. Una gran cantidad son del Frente Amplio. Pero “el problema” es Sartori y hay que echarlo, a pesar de tener su declaración jurada personal completa y aprobada. Esto no es un problema jurídico, es político”, enfatizó.
Tiene razón Sartori. Hay omisos y agrego, también hay falta de controles. De hecho su tema ha salido a la luz pública porque hubo una denuncia, porque si no la hubiera habido, el caso Sartori pasaba sin pena ni gloria.
Este asunto es un buen punto de partida para ver hasta donde el Estado uruguayo está dispuesto a controlar a sus funcionarios, los electos y los designados.
Uruguay tiene un buen paquete de leyes para controlar que se puede mejorar, pero no alcanza si no hay voluntad política para dotar de herramientas a quienes tienen el cometido de llevar adelante esos controles, que además deben estar dispuestos a hacerlo.
Hace unos años la presidenta de Transparencia internacional, Delia Ferreira resumió la lucha contra la corrupción aplicando lo que llamó las cuatro I: más Información, más Integridad, menos Impunidad y menos Indiferencia.
Información, porque “si no tenemos información, no podemos controlar nada”. Integridad, que tiene que ver con “ética pública, conflictos de interés”. Impunidad, porque “necesitamos desterrarla, si los corruptos siguen disfrutando alegremente de la vida y no pasa nada, porque las causas duran mucho, prescriben, el mensaje es: sigan que no les va a pasar nada. Necesitamos mostrar que el que incurre en actos delictivos tiene que pagar las consecuencias. Indiferencia. La ciudadanía tiene que reaccionar, no puede seguir votando corruptos porque algo hicieron, tenemos que exigir mejores candidatos, tenemos que reaccionar cuando se producen casos de corrupción”.
Hoy la realidad de la Junta de Transparencia y ética pública (Jutep) es poco menos que un sello de goma. Lo dijo claramente su presidenta, Gabriela di Longo. En una entrevista con el informativo Sarandí, la presidenta de la Jutep, dijo que “en los siete meses que llevo de función uno se siente frustrado. Si la Jutep pudiera investigar creo que se encontrarán cosas”. No tenemos contador, ahora se abrió un llamado. Tenemos seis personas menos que en 2020”.
Y si bien esto es cierto, la Jutep no tiene los bríos que tuvo en la época en que el que estaba al frente era Ricardo Gil Iribarne. Recordemos que la Jutep fue uno de los actores principales para provocar la renuncia del exvicepresidente Raúl Sendic durante el tercer gobierno del Frente Amplio, cuando actuó de oficio y dio a conocer un dictamen que lo hizo renunciar.
Ahora, salvo por el caso Sartori no se sabe nada de la Jutep. Es comprensible que haya frustración por la falta de recursos, pero antes también faltaban funcionarios y dineros. A veces es solo voluntad.
Por ejemplo, ¿no podría actuar de oficio en el caso de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y la cantidad excesiva de contratos?
Cuando peleamos contra la corrupción, estamos defendiendo el Estado de Derecho, la democracia, las libertades y el bienestar de la ciudadanía. El dinero que se va con la corrupción es el dinero que no está en las escuelas, o en la lucha contra la pobreza.
Fuente: El Acontecer