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El suegro de Manini Ríos reconoció oficialmente ante el Ejército que el campo en Artigas le fue adjudicado por Colonización

En diciembre de 1973 Roque Moreira recibió una sanción de 20 días de arresto riguroso por una falta disciplinaria que puso en riesgo el prestigio del Ejército Nacional, luego de que se comprobara que contrajo un compromiso de ocupación de un predio rural con el Instituto Nacional de Colonización (INC) del que sus obligaciones en el Ejército lo inhibían.

La sanción fue uno de los resultados de una investigación solicitada en 1973 por el entonces comandante en jefe del Ejército, Hugo Chiappe Posse, que pidió a Colonización esclarecer la situación de Moreira con un campo en Artigas, y en particular que le fuera enviada una copia autentificada de la documentación suscrita por Moreira con el instituto.

Como parte de esa investigación, Moreira informó a sus superiores en el Ejército cuál fue su vínculo con el INC. “El directorio de dicho organismo por resolución del 2 de marzo de 1971 me adjudica en venta la fracción mencionada”, aseguró en referencia al inmueble 511, ubicado en la 4a sección del departamento de Artigas. Su respuesta, enviada el 10 de noviembre de 1973, fue en cumplimiento a una orden del comandante de la División de Ejército I, el general Esteban Cristi. Al responder a una serie de consultas de sus superiores, en ese momento Moreira también señaló que se presentó a la licitación del campo de Colonización bajo la profesión de “ganadero”.

Así consta en una serie de documentos sobre el tema que figuran en los expedientes de un Tribunal de Honor realizado a Moreira en 1974, en poder de Búsqueda por una solicitud de acceso a la información pública enviada al Ministerio de Defensa Nacional. Esos documentos confirman la información divulgada por Búsqueda en marzo basada en un reporte elaborado en octubre por la División de Inspección General del INC: la inspección sostiene que Moreira, su hija Irene —ministra de Vivienda— y su yerno, el senador Guido Manini Ríos, explotan campos en propiedad en ese mismo inmueble de Artigas que están afectados a la Ley 11.029 de Colonización. Los tres han negado públicamente que sean colonos.

En el expediente entregado por el Ministerio de Defensa Nacional figuran notas del Directorio de Colonización fechadas en enero de 1974 y dirigidas al comandante Chiappe Posse. Afirman que “todo colono promitente comprador está obligado como tal con las obligaciones establecidas” en la Ley 11.029 y que “ya ha sido iniciado el trámite correspondiente por falta de cumplimiento por el citado adjudicatario” (Moreira) respecto a “trabajar directamente el predio y habitarlo con su familia”.

Constan además notas del presidente del Directorio del INC, Nicolás Llaneza Álvarez, enviadas a Chiappe Posse donde se refiere a la situación del “señor Roque Moreira Salgado colono del instituto en el inmueble 511” y a la “ficha del mencionado colono”.

A partir de la investigación del Ejército y sus intercambios con Colonización, se pidió en 1974 la intervención de un Tribunal de Honor para Moreira. En mayo El Observador y la diaria informaron sobre esa instancia, donde se dictaminó que Moreira cometió “faltas graves con agravantes”, debido a la adjudicación del campo estatal y el incumplimiento de obligaciones, como residir en el predio y explotarlo directamente.

Uno de los puntos clave del caso es que las sucesivas escrituras de compraventa de las fracciones del inmueble 511 no recibieron la autorización previa del INC, como lo establece la Ley 11.029, según informes de Colonización. Además, la desafectación de un campo de ese ente estatal requiere de los cinco votos del directorio, algo que no sucedió al momento de la adjudicación del predio a Moreira.

El grupo familiar integrado por los Moreira, mediante la sociedad anónima El Palomar, y Manini Ríos explota 2.856 hectáreas afectadas a la ley de Colonización que están ubicadas en el paraje Yacaré Cururú y tiene por límite el rio Cuareim, que es límite territorial con Brasil. “Su ubicación fronteriza (con ese país norteño) puede configurar una ubicación estratégica para para el poblamiento y la consolidad de soberanía territorial”, señala el reporte de la Inspección General de Colonización elaborado en octubre.

Este análisis fue tratado por el directorio del instituto en marzo, que aprobó enviarlo a la Asesoría Letrada. La semana pasada Búsqueda informó que la conclusión de la Asesoría Letrada del INC ratificó la condición de colonos de los Moreira y Manini Ríos. El senador de Cabildo Abierto, a quien se le dio vista del informe, presentó una réplica donde rechaza las conclusiones, que será evaluada por la Sala de Abogados de Colonización. A su vez, el INC realizará una auditoría externa para investigar los últimos 10 años de administración, informó El País ayer miércoles.

Manini Ríos brindó el jueves 16 una conferencia de prensa en donde volvió a ratificar que ni él, ni su esposa ni su suegro son ni fueron colonos del campo ubicado en Artigas. También afirmó que el abogado y catedrático en Derecho Agrario Enrique Guerra es quien lo asesora en el caso.

 Días después, entrevistado por radio Sarandí, deslizó una leve crítica a Luis Lacalle Pou por considerar que no fue lo suficientemente categórico al defenderlo en una rueda de prensa en donde el presidente describió como “razonables” las explicaciones sobre el hecho que Manini Ríos le manifestó personalmente. “Entiendo que al decir que son razonables entiende que las explicaciones son de recibo. Yo creo que son mucho más que razonables. Son contundentes. Jamás hubo colonos en un campo que no reunía las aptitudes para ser de colonización. Claramente todo esto tenía un sesgo político. Ese campo se compró hace más de medio siglo y este tema reaparece en estos tiempos. En ese informe, por más profesionales que sean, no tengo dudas que hubo un sesgo político. Pudo haber sido más contundente, pero fueron declaraciones prudentes”, indicó el senador.

A los argumentos de Manini Ríos se sumaron los de Irene Moreira durante una entrevista el martes 21 con Montevideo Portal. “Yo sé muy bien que no soy y nunca fui colona, ni mi padre ni mi marido. Todos los que están alrededor mío saben la forma que yo tengo de actuar y cómo soy, tanto como la transparencia que tenemos. Han querido ensuciar; yo sigo trabajando para lo mío. Suscribo a lo que dijo el senador Manini Ríos en conferencia de prensa la semana pasada y no voy a hacer más declaraciones sobre el tema”, afirmó.

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