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Fiscalía acusa de genocidio a Áñez y pide 30 años por muertes en crisis de 2019 en Bolivia

La Fiscalía acusó este lunes de “genocidio” a la expresidenta
interina de Bolivia Jeanine Áñez, a tres exministros y varios exjefes militares
y policiales por la muerte de una veintena de civiles durante la crisis de 2019
y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de prisión.

El fiscal
general, Juan Lanchipa, informó en una rueda de prensa que “se han concluido
las investigaciones” en los casos de Sacaba, en el departamento de Cochabamba,
y en Senkata, un barrio en la ciudad de El Alto, urbe vecina de La Paz, por lo
que las comisiones de fiscales “se encuentran presentando” la acusación por
esos sucesos ante los tribunales.

Lanchipa
dijo que por las muertes en Sacaba (10) y Senkata (10) “se solicitará la
imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de
privación de libertad” por “genocidio”, porque hubo una “grave vulneración a
los derechos humanos” y “ejecuciones sumarias”.

Entre los
acusados están Áñez, los exministros de Defensa, Gobierno (Interior) e
Hidrocarburos, Luis Fernando López, Arturo Murillo y Víctor Hugo Zamora,
respectivamente, y alrededor de una treintena de excomandantes de las Fuerzas
Armadas y de la Policía.

En Sacaba,
durante una acción conjunta de militares y policías contra un grupo de
manifestantes el 15 de noviembre de 2019, se estableció que Añez “tomó contacto
con el alto mando de las Fuerzas Armadas en el instante mismo del operativo” y
asumió el “control absoluto” de esa acción, dijo el fiscal general.

El
Ministerio Público apuntó que los comandantes militares y policiales “ordenaron”
la participación de grupos especializados “muñidos con armamento y munición
bélica”.

Asimismo, el
19 de noviembre de ese año en Senkata, durante un operativo en la planta de
combustible homónima, se ejecutó un plan de “exfiltración de combustible”
mientras en la zona se realizaban “numerosas movilizaciones” contrarias al
Gobierno de transición.

Lanchipa
dijo que tras esa acción militar y policial se ejecutaron “31 acciones
desproporcionadas de represión a través de armas y municiones de guerra y
vehículos mecanizados blindados” contra “manifestantes civiles desarmados”.

La operación
fue “ejecutada” por los exministros López, Murillo y Zamora “con aquiescencia
de Jeanine Áñez, quien tenía en ese momento pleno control de las fuerzas del
orden y seguridad del Estado”, agregó.

La Fiscalía
General inicialmente remitió la proposición acusatoria por los casos de Sacaba
y de Senkata al Parlamento boliviano en agosto de 2021, para que se siga un
juicio de responsabilidades contra Áñez como exmandataria.

Sin embargo,
un par de tribunales en las jurisdicciones de La Paz y Cochabamba se declararon
competentes para seguir esos procesos por la vía ordinaria.

El año
pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso llamado “golpe de
Estado II”, en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de
sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras
autoridades en 2019.

El
oficialismo señala que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Morales,
mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su
renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.

La
exmandataria interina Añez, detenida desde marzo de 2021, afronta al menos
siete procesos en la justicia ordinaria, según sus abogados.

EFE


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