Gobierno de Milei habilita canales para denunciar “amenazas” de dirigentes sociales

En las
vísperas de la primera manifestación masiva durante el gobierno de Javier
Milei, el portavoz de Presidencia, Manuel Adorni, anunció este martes que
habilitaron una línea telefónica para denunciar a dirigentes sociales que “amenacen”
a beneficiarios de planes sociales para “obligarlos” a protestar.

“Estará
abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado por algún
dirigente, intermediario o puntero político, o alguien que los amanece con que
si van a la marcha no se les va a quitar el plan”, ratificó el vocero
presidencial en rueda de prensa diaria en Casa Rosada, sede del Poder
Ejecutivo.

Se trata de
una medida anunciada por el Ministerio de Capital Humano el lunes, que buscará
auditar a las organizaciones sociales para que entreguen planes sociales con
vistas a la eliminación de la intermediación en la concesión de estas ayudas
que paga el Estado a sectores vulnerables y sin empleo.

“No les
crean y llamen que tenemos un equipo preparado para tomar cada uno de los
casos. No se les va a cortar el plan, quédense en sus casas, por supuesto que
es un derecho constitucional el manifestarse, háganlo como marca la ley y
respetemos el protocolo de la resolución de la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich”, agregó Adorni.

En este
sentido, el portavoz indicó que “la decisión está tomada y se va a hacer
cumplir la ley”, y repitió que toda persona que se manifieste por fuera del
protocolo “antipiquetes” será identificada y perderá la asistencia estatal.

El protocolo
establece que las protestas solo podrán llevarse a cabo sobre las veredas
(aceras), aquellos que corten las calles serán sancionados, así como a quienes
hagan, organicen, instiguen o sean “cómplices”.

Las fuerzas
de seguridad aplicadas al operativo podrán portar armas de fuego, también
llevarán a cabo un registro de las organizaciones implicadas, prohibieron
protestar con el rostro cubierto o llevar niños a las marchas y se notificará a
Migraciones si los participantes son extranjeros con residencial temporal.

“No queremos
que se corte la circulación en Argentina, no solo en la 9 de Julio (principal
arteria de Buenos Aires) sino en el resto del país. La libre circulación debe
estar garantizada”, insistió el vocero presidencial.

Por su
parte, las organizaciones sociales de izquierda se preparan para el 20D, un
nuevo aniversario por las violentas protestas del 20 de diciembre del 2001, que
terminaron con 39 muertos y la renuncia del fallecido presidente radical
Fernando de la Rúa (1999-2001) en un contexto similar al actual con alta
inflación y pobreza.

EFE