Opositores: Ortega impone destierro como política de Estado en Nicaragua sin consecuencias

Opositores nicaragüenses en el exilio alertaron este
lunes que el Gobierno que preside Daniel Ortega en Nicaragua, en el poder desde
2007, está imponiendo a la fuerza el destierro de críticos y disidentes como
una política de Estado, sin consecuencias.

“Reemplazar la cárcel con el destierro implica cambiar
una injusticia por otra igualmente grave”, señaló el dirigente opositor
desnacionalizado y expulsado de Nicaragua, Miguel Mora, en su cuenta de la red
social X (antes Twitter), al comentar la excarcelación y expulsión hacia el
Vaticano de dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas nicaragüenses que
estaban privados de libertad.

Mora, fundador, propietario y exdirector del canal de
televisión 100 % Noticias, clausurado por las autoridades en medio de la crisis
que atraviesa Nicaragua desde 2018, anotó que el exilio forzado constituye un
crimen de lesa humanidad y no deberían ser considerado como un alivio ni
tolerado por la comunidad internacional.

A su juicio, es imperativo exigir el derecho de los “miles”
de nicaragüenses que han sido desterrados, incluyendo los 222 opositores que
fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, y
los dos grupos de sacerdotes que han sido obligados a abandonar Nicaragua.

“El destierro no significa liberación, más bien es una
nueva e inaceptable violación de los derechos humanos”, argumentó Mora.

Cárcel y después destierro

Por su lado, la poeta y escritora Gioconda Belli,
quien también fue despojada de su nacionalidad, dijo en la red social X que “el
destierro como política de Estado es síntoma de la más ilegal y cruel
intolerancia del régimen de Nicaragua”.

Belli, ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana, dedicó incluso un poema a los religiosos expulsados en la
víspera al Vaticano, en el que considera que los sacerdotes llegaron a Roma en
un viaje “no deseado” y que, “a cambio de salir del duro calabozo del encierro
vil y desalmado”, tenían que aceptar ser desterrados.

“El destierro es una forma de muerte”, afirmó la
doctora nicaragüense Anely Pérez Molina, miembro de la opositora Alianza Cívica
por la Justicia y la Democracia, quien fue excarcelada y expulsada en marzo de
2023 hacia Estados Unidos.

“No podemos acostumbrarnos ni normalizar el destierro”,
abogó, por su lado, la activista nicaragüense desnacionalizada Haydee Castillo,
para quien “el destierro es también un crimen de lesa humanidad”.

Organismo: Ortega expulsa a incómodos

La organización Unidad de Defensa Jurídica (UDC)
observó que el destierro se ha convertido en Nicaragua en “una práctica del
régimen Ortega Murillo para deshacerse de quienes le son incómodos”, y que la
misma “es una flagrante violación a los derechos humanos en Nicaragua que
continúa en la impunidad”.

“El destierro, por tanto, desplazamiento forzado, ha
sido la política de excarcelación que ha ejercido el régimen, lo cual
constituye crímenes de Estado que la comunidad internacional debe denunciar y
sancionar”, señaló el organismo nicaragüense Urnas Abiertas

La exministra chilena de Relaciones Exteriores Antonia
Urrejola también se sumó al debate a través de la red social X, en donde
comentó que lo triste de la excarcelación de los obispos y sacerdotes en
Nicaragua “es que una se alegra de verlos libres, pero el destierro no es una
solución”.

El Gobierno de Ortega informó el domingo que acordó
con la Santa Sede el “envío” al Vaticano de los obispos nicaragüenses
encarcelados Rolando Álvarez e Isidoro Mora, de 15 sacerdotes y dos
seminaristas a los que tenía privados de libertad, con lo que suman 37 los
curas excarcelados y expulsados de Nicaragua en el último año, sin incluir los
seminaristas ni los que han abandonado el país por razones de seguridad.

Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia
católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión y
encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la
suspensión de sus relaciones diplomáticas.

EFE