Internacionales

España: allanan funeraria que vendía cadáveres a 1.200 euros la unidad

En la década de
1820, un caso policial conmovió al Reino Unido.

William Burke y
William Hare, irlandeses radicados en Escocia, comenzaron allí un “emprendimiento” cuyo
éxito condujo a la horca al primero de ellos.

Todo comenzó
debido a una reforma jurídica que redujo notoriamente las condenas a muerte en Escocia,
lo que hizo que disminuyera también la cantidad de cadáveres disponibles para los estudiantes
de medicina. Esta demanda insatisfecha fue aprovechada por “emprendedores”, a los
que se llamaba coloquialmente “resucitadores”: vulgares profanadores de tumbas
que sacaban sacaban cadáveres de los cementerios y los vendían a docentes y estudiantes que
no hacían preguntas.

Este mercado
macabro fue revolucionado por Burke y Hare, quienes comenzaron a proporcionar “género
fresco” mediante el directo y brutal expediente del asesinato a sangre fría.

Los reportes de
la época achacan dieciséis homicidios a la dupla. El caso generó una gran conmoción
pública en el país, y aportó un nuevo verbo a la lengua inglesa: el “burking” o
“burkeo”, que define a un asesinato que se comete de manera rápida, eficaz y
sin tormentos a la víctima. Así era el procedimiento de Burke, que procuraba
hacerse con su mercadería de manera rápida y sin dañarla más de lo necesario.

Si bien la sombra
de Burke y Hare ha quedado atrás en el tiempo, la venta de cadáveres parece ser considerada
buen negocio para algunos en pleno siglo XXI.

Así lo sugiere lo ocurrido en España, donde en las últimas horas la Policía desarticuló un entramado criminal acusado de falsificación de documentación para retirar cadáveres de hospitales y residencias de
ancianos, con el fin de venderlos ilegalmente a universidades. Cuatro personas, empleadas de una empresa funeraria, fueron detenidas por su presunta responsabilidad en la maniobra.

Según informó
este lunes la Policía, los detenidos, cuatro varones de entre 41 y 74 años
acusados de delitos de estafa y falsedad documental, quedaron en libertad
provisional tras prestar declaración, en espera de lo que decida un juez de la
ciudad española de Valencia.

Los cuerpos eran
vendidos a unos 1.200 euros y la banda buscaba fallecidos sin familiares,
preferiblemente extranjeros o que hubieran tenido condiciones de vida
precarias, con menos posibilidades de que fueran reclamados los restos
mortales, indicó en un comunicado.

La investigación
comenzó a principios de 2023, tras tener conocimiento los agentes que se habría
retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera
irregular por parte de una funeraria, mediante falsificaciones en el registro
del centro sanitario y en la documentación facilitada al Registro Civil.

Los
investigadores comprobaron que dos trabajadores de una funeraria, tras
falsificar documentos, habrían trasladado el cuerpo a una universidad para su
estudio, en vez de haberle dado sepultura.

El fallecido
debería de haber sido enterrado en un sepelio de beneficencia abonado por el
ayuntamiento de una localidad en la que residía en la provincia de Valencia,
pero fue vendido sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento,
según la Policía.

Los policías
localizaron otro caso con el mismo procedimiento, esta vez con el cuerpo de un
fallecido en una residencia de ancianos, y posteriormente detectaron también
irregularidades en incineraciones de cuerpos supuestamente donados a la
ciencia.

Los agentes
averiguaron que la funeraria habría facturado a una universidad 5.040 euros por
11 incineraciones que no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por
ninguna incineradora de Valencia, según consigna la agencia noticiosa EFE.

Al parecer, los
investigados aprovechaban la disección de los cuerpos para introducirlos en
féretros de otros difuntos, realizando en una sola la cremación de varios
cadáveres, ahorrándose pagar por varias y, a la vez, facturándolas a la
universidad, sacando notables beneficios.


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