Gobierno postergó por 60 días el nuevo régimen de certificaciones médicas para el sector público
La decisión se tomó tras una reunión con representantes del sindicato de trabajadores estatales, que pidieron que la implementación se haga “más ordenadamente y no a los ponchazos”.
El Poder Ejecutivo postergó por 60 días la implementación del nuevo régimen de certificaciones médicas para el sector público, informó a El País el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales (COFE) realizó el pedido durante la reunión que mantuvo con representantes de la cartera de Trabajo y de la Oficina Nacional de Servicio Civil esta mañana. El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo a El País que si bien se mantiene el rechazo a la iniciativa del gobierno, se planteó “la necesidad de instalar un ámbito de negociación para discutir y mejorar el instructivo de aplicación”.
El dirigente sindical agregó que existe un “gran desconocimiento” a nivel de los funcionarios del nuevo régimen y por ello se solicitó extender la fecha de implementación, que estaba prevista para el 1° de febrero.
Mieres, en tanto, remarcó que la aplicación del nuevo régimen “es un hecho”. El titular de Trabajo relató que consultó a las distintas oficinas involucradas y al presidente Luis Lacalle Pou, quienes dieron el aval para la postergación.
“Fue muy útil la instancia para acercar posiciones pero sobre todo, más allá de que seguimos teniendo diferencias, para recrear un clima de diálogo e intercambio que cambia el tono de la discusión”, aseguró Mieres.
Días atrás, COFE se declaró en preconflicto y alertó sobre aplicar medidas como un paro general de 24 horas en caso de que el gobierno avanzara con los cambios al sistema de certificaciones médicas. Ahora, tras la instalación de este espacio de diálogo, los funcionarios públicos tendrán una asamblea para determinar los siguientes pasos.
Inicialmente, la implementación del nuevo régimen sería a partir de este jueves 1° de febrero.
Hasta ahora, a los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario por las certificaciones médicas. Pero cambiarán las reglas: tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente al año. Se los podrán pedir de manera alternada o consecutiva. A partir del décimo día tendrán derecho al subsidio, que podrá ser el 75% o 100% de su remuneración -dependiendo de la situación que atraviesan-, y para el cálculo se excluirán beneficios sociales, antigüedad, viáticos, horas extras y partidas por transporte.
Consultado sobre este tema, López había adelantado a Subrayado (Canal 10) dijo que los trabajadores estatales tienen “un contrato de trabajo que es permanente con el Estado, no es como la actividad privada, que se suspende el contrato de trabajo (por certificación) y se pasa a un subsidio del BPS“. Entonces, de aplicarse ese mismo sistema entre los funcionarios públicos, “en todo caso sería una rebaja salarial“.
La idea de la postergación, dijo el sindicalista, es que el gobierno intercambie con los trabajadores y se redacte “un instructivo que haga aplicar este régimen más ordenadamente y no a los ponchazos”.
EL PAIS
