Misión de ONU muestra preocupación por la detención y desaparición de activista venezolana

La Misión
Internacional Independiente de la ONU para Venezuela expresó este martes su
preocupación por la detención y desaparición de la defensora de derechos
humanos venezolana Rocío San Miguel el 9 de febrero, y pidió al Gobierno que
ponga fin a la ola de represión contra los opositores.

“No se trata
de incidentes aislados, sino de una serie de hechos que parecen formar parte de
un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como
opositores”, advirtió en un comunicado la presidenta de la misión, la
portuguesa Marta Valiñas.

San Miguel
fue detenida por las fuerzas de seguridad venezolanas el pasado viernes cuando
intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional
Simón Bolívar, momento desde el cual ambas se encuentran en paradero
desconocido.

La activista
está acusada de participar en un intento de conspiración contra el presidente
Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como por su implicación en supuestos
ataques contra unidades militares y otras instituciones de todo el país.

El Gobierno
venezolano, indicó Valiñas, “debe proporcionar información sobre el paradero,
no solo de San Miguel y su hija, sino de todos los detenidos cuyos lugares de
detención aún se desconocen”.

Patricia Tappatá, otra de las integrantes de la misión
investigadora, recordó que la información “tardía e incompleta” sobre el
paradero y estado de salud de San Miguel y su hija cumple con el objetivo de “infundir
temor entre quienes expresan críticas al Gobierno”.

Según la
misión, Venezuela ha vivido recientemente una serie de actos que contravienen
el Derecho internacional, incluyendo detenciones de miembros de la Comisión
Nacional de Primarias, así como de militantes del partido Vente Venezuela,
ganador de las elecciones primarias de la oposición.

Otro ejemplo
de estos abusos mencionado por la misión es la inhabilitación para ejercer
cargos públicos de dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María
Corina Machado.

“Las
autoridades han tratado de justificar estas y otras violaciones de los derechos
humanos como respuesta a conspiraciones organizadas contra el Gobierno y altas
autoridades del Estado”, indicaron los expertos de la misión.

“Es
preocupante que la Fiscalía siga operando de acuerdo con el interés del
Gobierno para permitirle una apariencia de legalidad a todos estos abusos”,
concluyó Valiñas.

Valiñas y
Tappatá forman, junto al abogado chileno Francisco Cox, la misión tripartita,
que tiene por cometido investigar abusos de las libertades fundamentales en
Venezuela, y que ya ha emitido varios informes críticos con el gobierno de
Maduro.

EFE