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Justicia imputó a expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias por “fraude concursal”

Se le impuso la obligación de fijar domicilio hasta el 31 de mayo y la retención de documentos de viaje.

Fiscalía informó que, tras terminar la audiencia, fue formalizada la investigación por “insolvencia societaria fraudulenta” y “fraude concursal”, delitos que les son imputados al expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias.

Iglesias había declarado en febrero ante el fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez por las denuncias que hizo el Ministerio de Salud Pública (MSP), por presuntas irregularidades en la administración de la exmutualista después de que la Justicia determinara su cierre.

El fiscal Rodríguez no dio lugar a las denuncias realizadas por el MSP contra Iglesias, entre las que se destacaban los delitos de estafa u apropiación indebida, entre otros.

Sin embargo, el investigador había pedido la imputación del expresidente de Casa de Galicia por “fraude concursal” y por el delito de insolvencia societaria fraudulenta.

El artículo 248 de la Ley de Proceso Concursal establece: “El deudor que en oportunidad de la solicitud de concurso o en cualquier etapa posterior, acuerde u otorgue a sus acreedores ventajas particulares, será castigado con un año de prisión a cinco años de penitenciaría. En el caso de las personas jurídicas, incurrirán en este delito los socios, directores, administradores, de hecho, o de derecho, que hayan aprobado la realización o hayan realizado los actos constitutivos del delito”.

Por su parte, la Ley 14.095, que tipifica los delitos económicos, establece que el delito de insolvencia societaria fraudulenta se aplica en “el que procurarse un provecho injusto, para sí o para otro, ocultara, disimulara o hiciese desaparecer, parcial o totalmente, el patrimonio de una empresa en perjuicio de un tercero, será castigado con pena de doce meses de prisión a diez años de penitenciaría”.

Un par de días previos a la solicitud del concurso judicial, Iglesias firmó una serie de órdenes de pago cuyo vencimiento era bastante lejano.

“Eso altera el orden y la prelación de los acreedores ante un eventual concurso, que se solicita dos días después. Las órdenes las firmó Iglesias y lo hizo con la intención de realizarlo dos días antes del concurso”, detalló el fiscal el pasado 19 de febrero.

Ante el pedido de imputación por los delitos, la Justicia dispuso para Iglesias la obligación de fijar domicilio hasta el 31 de mayo y la retención de documentos de viaje.

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