FORMALIZARON POR RIÑA A JUGADORES DE LA SUB 18 Y LE ABRIERON PIEZA COMO MENORES INFRACTORES A OTROS
Sobre la hora 21 de este miércoles, la Justicia de Treinta y Tres dictó sentencia a siete integrantes del plantel de la selección Sub 18 de Cerro Largo, sector capital, tras lo que fueron los serios incidentes registrados a mediados de febrero en el estadio Centros Empleados de Comercios de la capital olimareña por la Copa Nacional de Selecciones de OFI, en partido que no pudo finalizar debido a una brutal batalla campal que se produjo a pocos minutos del final del encuentro y que obligó a la suspensión de este.
Tal cual lo informamos en el correr de la tarde, fueron 7 los jugadores de Cerro Largo y 2 de Treinta y Tres, los que debieron rendir cuentas ante la fiscalía del vecino departamento. Tras las actuaciones de rigor y mediante la figura de “acuerdo abreviado”, la justicia formalizó por el delito de RIÑA CALIFICADA a dos jugadores (mayores de edad) de Cerro Largo, al tiempo que los otros 5 del departamento, por la misma situación, se les abre pieza como menores infractores.
La condena de los mayores de edad será por 6 meses y no incluye prisión efectiva, pero deberán cumplir medidas sustitutivas, como ser, trabajo comunitario y presentarse en la seccional policial de referencia con la frecuencia impuesta por la justicia. En el caso de los menores, deben acogerse al programa de medidas socioeducativas bajo la supervisión del INAU, también por 6 meses.
Durante ese periodo, ninguno de los sancionados podrá ingresar a ningún espectáculo deportivo, según la resolución judicial. Cabe acotar, que en base a la abundante evidencia física que se desprende fundamentalmente del registro fílmico del partido (presentado por la Dirección General de Seguridad en el Deporte y el Departamento de Análisis e Información del Ministerio del Interior), es de suponer (de acuerdo a la visión de abogados que han trabajado en el caso) que el tema no termine aquí y no se descartan otras citaciones.
Según nos indicaba el Dr. Mario Márquez, quien junto a los abogados Gómez y Olivera, fueron los responsables de defender los intereses de los arachanes, en determinado momento se corrió el riesgo de que las sanciones fueron entre 5 y 15 años de pena, lo que podría haber sido nefasto en la vida social y en la carrera deportiva de estos juveniles.
