El costo de la democracia: el vidrioso origen del financiamiento de los partidos políticos en Uruguay
Dinero declarado y no declarado. Transparencia, democracia, dudas varias. El financiamiento de los partidos políticos en Uruguay visto desde los datos y sus protagonistas.
Hace años que en Uruguay se busca cambiar las reglas del juego a la hora de pagar las campañas electorales. De hecho, en el período legislativo anterior hubo un intento de regular, pero no prosperó. Quedó en el mentado cajón de los proyectos que son teóricamente importantes para todos, pero no lo suficiente como para priorizarlos. En la presente legislatura, desde 2020 se creó una comisión en el Parlamento para estudiar cómo regular el financiamiento de los partidos políticos. Después de casi cinco años, idas y vueltas, y varios cambios, el texto se aprobó en la Cámara de Diputados este mes de junio.
La intención, según dicen, no es solo que el financiamiento sea más transparente, sino también más justo. Que, en definitiva, las reglas sean las mismas para todos. Que nadie se aproveche. Que nadie largue la carrera con ventajas.
El financiamiento es fácil de controlar cuando se sabe de dónde viene el dinero, o quién lo aporta. Aunque, en la práctica, esa información no siempre se declara y, en muchos casos, se esconde. De ahí una de las grandes polémicas: el narcotráfico, una de las industrias ilegales que produce más dinero en el mundo, puede ser un oculto financiador de partidos.
Hace no tanto, de la mano del caso Sebastián Marset y la entrega de su pasaporte uruguayo, esa posibilidad se volvió muchísimo más real. La muerte del empresario Gonzalo Aguiar y algunos supuestos dichos suyos también reavivaron esa posibilidad.
Sin ir más lejos, América Latina está lleno de ejemplos que involucran fondos sospechosos o ilícitos con sus gobernantes. La operación Lava Jato en Brasil. El saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social y su conexión con la primera campaña presidencial de Juan Orlando Hernández. La trama de financiamiento ilegal de los conglomerados Penta y Soquimich en Chile. El caso Odebrecht que se expandió por el continente.
Y, sin embargo, a los países latinoamericanos no les faltan regulaciones vinculadas al financiamiento de la política. De hecho, países como Costa Rica y Uruguay fueron los primeros en el mundo en introducir fondos públicos para financiamiento de campañas electorales y partidos en general.
La fuente de financiamiento de las campañas es un tema íntimamente relacionado con la calidad de la democracia.
- Montevideo Portal
