La tragedia de los adolescentes detenidos y acusados de “terrorismo” en Venezuela

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Dormir en el
piso, esposados, junto a presos comunes, sin acceso a familiares ni abogados.
Así fue la experiencia de Pedro, de 17 años, y otros adolescentes detenidos y
acusados de “terrorismo” en Venezuela, vinculados a protestas contra la
reelección de Nicolás Maduro.
Pedro —su
nombre es ficticio, ya que pidió el anonimato por razones de seguridad— es uno
de los 114 adolescentes que fueron presos en medio de la crisis poselectoral,
que suma más de 2.400 detenidos en total.
Pasó un mes
en prisión hasta que fue liberado, al igual que otros 85 menores de edad. “No teníamos
derecho a nada”, cuenta a AFP el joven, que estudia en la
secundaria.
“El primer
día estuve con todos los mayores [adultos] que agarraron por el mismo caso, y
ya al segundo día nos llevaron a otro comando y nos tiraron un día ahí en el
piso para dormir esposados”.
Maduro fue
proclamado presidente reelecto para un tercer período (2025-2031) sin que la
autoridad electoral publicara el detalle del escrutinio como obliga la ley. La
oposición liderada por María Corina Machado denunció fraude y asegura tener las
pruebas que demuestran la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia con
más del 60% de los votos.
El anuncio
del resultado desató protestas en el país que se saldaron con 27 muertos y 192
heridos, y fueron reprimidas por las fuerzas del orden, que iniciaron
operativos para capturar “terroristas”. En las manifestaciones murió un joven
de 15 años, Isaías Fuenmayor, según denuncias de Human Rights Watch.
El gobierno
habilitó canales para delatar a posibles responsables de la “violencia”. Oenegés
de derechos humanos sostienen que muchos de los detenidos no estaban
manifestando, Pedro entre ellos.
“Recibían
órdenes”
“Yo estaba
viendo una protesta, como a una cuadra”, recuerda el muchacho. “No estaba
haciendo nada, y además esa protesta era pacífica”.
Oficiales de
la Guardia Nacional, cuerpo militar responsable del orden público, lo detuvo. “Me
atacaron físicamente, yo no me quería dejar agarrar”, dijo.
La
resistencia no funcionó, terminó preso. “Nos tuvieron aislados durante ocho
días, aislados en el sentido de que no teníamos derecho a saber absolutamente
nada, solo a comida y dormitorios”, recuerda.
Luego fue
trasladado a un centro de reclusión de menores, y allí pudo ver finalmente a su
familia.
Su defensa
está a cargo de un abogado asignado por el Estado, una estrategia común con “presos
políticos” que generalmente no tienen permitido acceder a representación
privada o de confianza. Lo mismo ocurrió con la mayoría de los jóvenes
detenidos, según la ONG Encuentro, Justicia y Perdón.
El abogado “intentaba
ayudar en lo posible”, en su caso para el traslado al penal de menores o para
separarlo de la población penal común. Pero cuando pedía hablar con su madre,
declinaba el pedido y le decía que “recibían órdenes” del gobierno, recuerda.
Machado ha
tachado las detenciones como “secuestro” de adolescentes y niños. Pero el
gobierno lo niega y acusa a la oposición de haber captado a los jóvenes para “cometer
delitos”, incluido el homicidio de una mujer “porque había que matar chavistas”,
según Maduro.
“Está
convicto y confeso el muchacho”, dijo el mandatario el lunes sobre el caso de
otro adolescente detenido.
El fiscal
general Tarek William Saab denunció que los chicos recibían un pago de 40
dólares por parte de la oposición para que manifestaran.
“En
libertad, pero con mucho miedo”
Cerca de 30
menores de edad continúan aún detenidos.
Lauriannys
Cedeño, de 17 años, fue arrestada el pasado 14 de agosto, luego que una líder
comunitaria del chavismo denunciara que recibió mensajes ofensivos y
amenazantes por WhatsApp desde varios números, incluido el de la joven.
Al día
siguiente del arresto, cuando estaba convocada la audiencia de presentación, se
desmayó y la trasladaron al hospital, donde sigue internada bajo vigilancia
policial.
“Se la
llevaron a la [cárcel] municipal y pasó la noche en el pasillo […], pero los
presos no la dejaron dormir, silbándole y diciéndole obscenidades”, dice a
la AFP una fuente relacionada al caso bajo anonimato. “No paraba de llorar.”
Cedeño dijo
que envió los mensajes a un número errado, iban para otra seguidora del
chavismo. La propia denunciante, Nilsa López, dijo después que el contenido del
texto no era amenazante.
No está
claro el diagnóstico de su salud, pero a veces puede estar con la mirada
perdida o le dan “ataques nerviosos”, cuenta la fuente. El último ocurrió el
miércoles cuando la visitó una fiscal.
Cedeño se
acaba de graduar con honores en la secundaria, y esperaba estudiar nutrición.
Enfrenta ahora desde un hospital una acusación por “terrorismo” e “instigación
al odio”.
El futuro de
estos jóvenes es incierto. “Es horrible esto”, dice Pedro. “Estamos viviendo en
zozobra, en miedo, porque no sabemos qué nos espera, no tenemos nada que nos
proteja. Estoy en libertad, pero con mucho miedo”.
AFP – Barbara Agelvis
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