El financiamiento del combate climático, la discordia en las negociaciones de la COP29

Las negociaciones climáticas de la ONU se centran este
año en cómo lograr el compromiso mundial de recaudar miles de millones de
dólares para que los países en desarrollo enfrenten eficazmente la crisis
climática.

El principal objetivo de la presidencia azerbaiyana de
la COP29 es arduo: ¿cuánto dinero se comprometerán a aportar los países
desarrollados para ayudar a los países vulnerables a enfrentar un clima
extremo?

 ¿Qué es la
financiación climática?

No existe una definición consensuada. En términos
generales, la “financiación climática” se refiere a cualquier dinero gastado,
ya sea público o privado, para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de “hacer
compatibles los flujos financieros con (…) un desarrollo de bajas emisiones
de gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático” (artículo
2.1C).

En concreto, esto incluye todos los fondos (públicos o
privados) que promueven un desarrollo económico bajo en carbono y la
adaptación: energía eólica, solar, nuclear, hidrógeno limpio; autos eléctricos; transición ecológica en la agricultura;
reforestación; aislamiento térmico de viviendas; acceso seguro al agua;
saneamiento; sistemas de salud capaces de gestionar olas de calor e
inundaciones; diques para enfrentar el aumento del nivel del mar, etc.

Sin embargo, no existe una norma universal estricta
sobre la financiación “verde”, y a veces la frontera es borrosa entre la ayuda
al desarrollo y la financiación climática.

Además, ¿puede una subvención para un hotel eficiente
en el uso del agua considerarse financiación climática? Las COP nunca lo han
definido.

 ¿Cuánto
dinero se necesita?

Las necesidades de “financiación climática” a nivel
mundial se estiman en 10 billones de dólares anuales entre 2030 y 2050, según
un estudio del grupo de estudio Climate Policy Initiative. En comparación, se
gastaron aproximadamente 1,3 billones en 2021/2022.

Pero en el ámbito de la ONU o los medios, la “financiación
climática” se refiere más bien a las dificultades de los países en desarrollo
para obtener a nivel internacional el dinero necesario para una “transición
justa” ecológica y para enfrentar las catástrofes climáticas.

Sus necesidades (excluyendo a China) han sido
evaluadas en 2,4 billones de dólares anuales para 2030 por expertos designados
por la ONU, quienes afirman que solo se movilizaron 550.000 millones en 2019.

¿Quién paga hoy?

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CNUCC), adoptada en Río en 1992, enumeró los países obligados a
proporcionar ayuda financiera al resto del mundo debido a su responsabilidad
histórica.

Estos países —Estados Unidos, la Unión Europea, Japón,
Reino Unido, Canadá, Suiza, Turquía, Noruega, Islandia, Nueva Zelanda y
Australia— se comprometieron en 2009 a proporcionar 100.000 millones de dólares
anuales en ayuda climática hasta 2020 y hasta 2025.

Sin embargo, no lograron alcanzar ese objetivo hasta
2023, lo que provocó una brecha diplomática entre el Norte y el Sur.

En la COP29, los países firmantes del Acuerdo de París
deben acordar un nuevo objetivo financiero más allá de 2025.

India ha propuesto 1 billón de dólares anuales, una
cifra que los países ricos consideran una provocación, argumentando que solo
representan el 30% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero.

Esos países exigen que China y los países del Golfo
también contribuyan.

Actualmente, la mayor parte de esta ayuda se canaliza
a través de bancos de desarrollo o fondos gestionados conjuntamente con los
países afectados, como el Fondo Verde para el Clima (12.800 millones de dólares
prometidos por los países donantes para 2024-2027) o el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (5.000 millones de dólares para 2022-2026).

¿De dónde saldrá el dinero?

Los 100.000 millones en ayudas son muy criticados
porque dos tercios son préstamos, a menudo a tasas preferenciales, pero que los
detractores acusan de provocar un aumento de la deuda de los países pobres.

Incluso si se aumenta, el objetivo financiero estará
lejos de satisfacer las necesidades, pero el Sur otorga gran importancia
simbólica a este compromiso y lo ve como una palanca para desbloquear otros
flujos financieros, especialmente privados.

La diplomacia financiera también se juega mucho en el
Banco Mundial, el FMI y el G20, cuya presidencia brasileña quiere crear un
impuesto global sobre los más ricos.

El jefe de la ONU, António Guterres, ha promovido
ideas de impuestos innovadores, como aplicar un impuesto a la aviación o el
transporte marítimo. Estas propuestas están siendo exploradas por grupos de
trabajo lanzados por Francia, Kenia y Barbados.

Reorientar los subsidios de las energías fósiles hacia
energías limpias o cancelar la deuda de los países pobres a cambio de
inversiones climáticas también son vías posibles.

Otra propuesta, impulsada por Azerbaiyán, es que los
productores de energías fósiles financien un nuevo “concepto” de
fondo para los países en desarrollo.

En cuanto al fondo de “pérdidas y daños”, creado en la
COP28 para apoyar a los países pobres víctimas de desastres climáticos, aún
está lejos de ser operativo (661.000 de dólares en promesas de donaciones hasta
ahora).

AFP