Familiares de desaparecidos impugnan elección de cargos en Institución de DD. HH.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Famidesa) denunciaron este lunes de mañana que la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) está “en riesgo” y que existe una “repartija de cargos” a nivel político. Anunciaron que impugnarán este proceso de elección de autoridades. Estos cuestionamientos surgen en pleno proceso de discusión sobre los cinco nombres que renovarán la conducción del organismo.

Elena Zaffaroni, integrante del colectivo, sostuvo en conferencia de prensa en las afueras del Palacio Legislativo que la “autonomía que sustenta la autoridad moral de sus observaciones y resoluciones” de la Inddhh “hoy está en riesgo”.

“La institución hace tiempo que viene recibiendo fuertes ataques, en particular a través de declaraciones de referentes de distintos partidos políticos”, remarcó Zaffaroni en su lectura, consignada por el periodista Leonardo Sarro. “Se dijo que no se necesitaba una Institución de Derechos Humanos, como se dijo que hay que cambiar la ley porque se metía en temas que no se correspondían. Y se insistió con definir la elección del nuevo Consejo Directivo como un reparto de cargos entre gobierno y oposición. Con lujo de detalles, señalando incluso como sería el reparto dentro de la propia coalición de gobierno”, dice el comunicado de Famidesa.

“La Comisión Especial no actuó como manda la ley. Primero porque aceptó postulaciones realizadas por legisladores y legisladoras, cuando solo debió acepar aquellas postulaciones realizadas por organizaciones sociales registradas en la Inddhh. Segundo, porque no controló todos los requisitos admisibilidad que la ley impone para ser candidato o candidata, como por ejemplo el de ‘contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos’, resolviendo en consecuencia enviar a la Asamblea General todos los nombres propuestos, salvo los de aquellos que presentan incompatibilidades. Fuera de la ley y al margen de los Principios de París que son aquellos que orientan y sustentan las Instituciones de Derechos Humanos y las Defensorías del Pueblo”, agrega.

“Por esto hablamos de ilegalidades. Y por esto hablamos de acciones legales que permitan que el proceso sea como debe ser. Vamos a promover la nulidad de estas resoluciones de la comisión especial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la suspensión de este proceso de elección hasta que el Tribunal resuelva la cuestión de fondo. El parlamento puede dar marcha atrás, revisar las resoluciones cuestionadas, actuar conforme a la ley y evitar así que se enjuicie su accionar. Apelamos a eso”, afirma Familiares en su comunicado.

“Vamos a ejercer nuestros derechos, vamos a defender a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”, añadió Zaffaroni en la conferencia de prensa.

Zaffaroni aseguró que “se insistió con definir la elección del nuevo consejo directivo como un reparto de cargos entre Gobierno y oposición; con lujo de detalles señalando incluso cómo sería el reparto dentro de la coalición de Gobierno”.

“Es solo esperar un rato hasta que se reúna la Asamblea General para saber si fueron solo palabras”, dijo en referencia a que este lunes está previsto analizar la votación, en la que los seleccionados deberán contar con dos tercios de los votos.

Es decir, se deberá contar con el respaldo de la coalición de Gobierno y de la oposición frenteamplista para obtener la aprobación parlamentaria. Ante la falta de posibles acuerdos, está previsto que se convoque a la Asamblea General para la segunda semana de agosto, informó El País el viernes pasado.

“La repartija de cargos como botín político es una agresión enorme. Lesiona la autonomía de la institución, es desnaturalizarla, quitarle una parte esencial, tan grave como quitarle la función de controlar al Estado”, enfatizó Zaffaroni.

EL PAIS