Colombia: Consejo Electoral investiga al presidente Petro, que denuncia “golpe de Estado”

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia decidió
este martes iniciar una investigación administrativa contra el presidente
Gustavo Petro por presuntamente violar los topes de gastos en su campaña de
2022, pesquisas que el mandatario tilda de intento “golpe de Estado”.

A Petro y algunos dirigentes de su equipo de campaña “se les
endilga la presunta vulneración al límite de gastos” por el equivalente a unos
880.000 dólares, dijo en una rueda de prensa el presidente de la autoridad
electoral, César Lorduy.

El mandatario se expone a multas económicas, pero no a la
pérdida del cargo. Sin embargo, expertos señalan que el CNE puede remitir una
copia de la investigación a la Cámara de Representantes para que el presidente
sea sometido a un juicio político.

Entre los investigados está Ricardo Roa, gerente de la
campaña de Petro para llegar al poder en 2022 y actual jefe de la petrolera
estatal Ecopetrol, y su tesorera.

También dirigentes de Colombia Humana y Unión Patriótica,
los principales movimientos políticos afines al líder en el país.

Desde que iniciaron las averiguaciones sobre estas
presuntas irregularidades, el presidente insiste en que la autoridad electoral
está siendo utilizada para derrocarlo. “Ha comenzado el golpe de Estado”,
escribió en la red social X.

Luego, durante un evento público, convocó a protestas. “El
presidente llegará hasta donde el pueblo diga (…) llegó el momento de moverse
(…) se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un
pueblo arrodillado”, dijo.

La Cancillería colombiana solicitó este miércoles a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) proteger a Petro ante la investigación
en su contra.

“Ya el caso está presentado ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Estamos solicitando medidas provisionales para el ciudadano
presidente Gustavo Petro”, dijo en una declaración a medios Jorge Rojas,
viceministro de Relaciones Exteriores.

Al otorgar medidas cautelares, el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos insta a los “Estados a que defiendan a personas o colectivos
de una situación grave y urgente”.

Dineros de un narco

El magistrado Lorduy agregó que en adelante los
investigados podrán “ejercer el derecho de defensa y contradicción” ante el
organismo. Según un comunicado del CNE, la campaña habría decidido “omitir el
reporte” de algunos gastos para propaganda electoral.

Tampoco reportó aportes del principal sindicato de maestros
del país (Fecode) ni de un sindicato de Ecopetrol. Además, no hay registros de
presuntos pagos a testigos electorales durante las votaciones.

El abogado del presidente, Héctor Carvajal, había
anticipado en una entrevista radial que no iba a reconocer ninguna decisión del
CNE y que tomaría medidas legales; Petro asegura que el CNE tiene un sesgo y que algunos de
sus magistrados son cercanos a partidos opositores.

Las sospechas por las presuntas violaciones a los topes
establecidos por la ley crecieron en julio del año pasado, cuando el hijo mayor
del presidente, Nicolás Petro, reconoció ante la fiscalía que recibió dinero de
un capo narcotraficante y lo utilizó en algunos eventos de campaña en la costa
Caribe.

Según las pesquisas realizadas hasta el momento por el CNE,
el equipo de Petro no reportó gastos realizados para organizar encuentros
multitudinarios con seguidores en la costa Caribe, una región tradicionalmente conservadora
pero que en la pasada elección catapultó a Petro a la Presidencia.

Esa hipótesis tomó fuerza después de que Nicolás Petro
manifestara ante la Fiscalía que el dinero de un capo narcotraficante conocido
como “el hombre Marlboro” entró a la campaña.

La confesión fue hecha en el marco de una investigación por
presunto lavado de dinero, por la que el hijo del presidente fue detenido en
julio de 2023.

Nicolás Petro asegura que su padre no conocía sobre esos
movimientos de dinero.

Otro escándalo salpicó al presidente luego de que en junio
de 2023 se filtraron una serie de audios de conversaciones telefónicas de su
embajador ante la FAO y exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, con su
mano derecha, Laura Sarabia, en los cuales éste amenazaba con “contar la verdad”
de supuestas anomalías realizadas para conseguir votos en la región Caribe.

¿Golpe de Estado?

El cargo del presidente colombiano no está en riesgo por la
investigación y formulación de cargos del CNE contra su campaña de 2022 por la
supuesta violación de los topes de gastos, según expertos en temas
constitucionales.

El CNE considera que Petro, como candidato, y el gerente de
su campaña, Ricardo Roa, así como otros miembros de su equipo, deberán
responder “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las
campañas electorales”, pues se sospecha que superaron los topes de gasto
establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.

El mandatario está convencido de que la actuación del CNE
es un “golpe de Estado” y llevó el caso ante la CorteIDH por considerar que ese
organismo ha extralimitado sus funciones y no ha respetado su fuero
presidencial.

Al respecto, el constitucionalista Juan Manuel Charry dijo
a EFE que el CNE sí puede investigar y formular cargos contra los
responsables de la campaña presidencial de Petro, lo que incluye al hoy jefe de
Estado.

“El CNE sí puede investigar al presidente”, señala
tajantemente Charry, quien aclara que lo que no puede hacer ese organismo es “destituir
al presidente”, pues si llega a encontrar alguna responsabilidad de su parte,
quien debe ocuparse del caso es el Congreso, su juez natural.

Cumplir todos los plazos del proceso lleva su tiempo y que
el CNE determine si “hubo o no ilegalidad” en la financiación de la campaña de
Petro puede alargarse hasta junio de 2025.

“El CNE puede sancionar al gerente y a los demás con multas
y sanciones administrativas, pérdida de personería jurídica para los partidos
políticos”, desglosa Charry.

Para el constitucionalista lo que está haciendo el
presidente Petro al criticar al CNE y decir que hay en marcha un “golpe de
Estado” es errado.

“Lo veo mal porque me parece que cae en un error en el que
suelen incurrir los presidentes y es que creen que la forma de abordar los
controles jurídicos es con respuestas políticas”, concluye.

Con información de AFP y EFE