La CIDH acusa a Maduro de llevar a cabo “asesinatos, desapariciones breves y torturas”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
acusó este martes al gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo una represión
tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con “al menos 25
asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones
arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

La CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos
(OEA), publicó el extenso informe este martes, tres días antes de la
investidura del presidente de Venezuela, cuando Maduro espera asumir su tercer
mandato.

“A lo largo de sus 65 años de trabajo, la comisión ha
desempeñado un papel clave en colaborar con la región para hacer frente a las
dictaduras, golpes militares y graves violaciones de derechos humanos. La
situación en Venezuela no es la excepción”, dijo a EFE la relatora del
organismo para ese país, Gloria de Mees.

En el informe afirmó que Maduro no solo “ejecutó prácticas
de terrorismo de Estado” para “impedir la participación política de la
oposición”, sino que también “implementó una estrategia represiva coordinada
para perpetuarse ilegítimamente en el poder”.

El informe, que recoge “las violaciones de derechos
humanos observadas por la CIDH a lo largo del proceso electoral”, advirtió que el régimen dividió su estrategia en tres etapas: la primera en el proceso
preelectoral, la segunda el día de los comicios, y la tercera, la más
represiva, tras la consulta.

Fue tras las elecciones que el gobierno puso en marcha la
conocida como “Operación Tun Tun” en respuesta a las cerca de 300
manifestaciones que se desencadenaron en el país por “la percepción de fraude”.

“Esta operación dejó al menos 25 asesinatos, decenas de
desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias —incluyendo
niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y
degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de
expresión”.

Además, añaden que “se emplearon tácticas como detenciones
masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras,
redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”.

Tras estas observaciones, la comisión apuntó que la crisis
política en el país y la situación de los derechos humanos en Venezuela
representan “el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales
por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el
poder”.

“La opacidad electoral, y en general, las restricciones a
los derechos políticos registradas impiden a esta comisión considerar que la
reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”, apuntó.

A pesar de ello y de previas acusaciones de fraude
electoral, el próximo viernes 10 de enero Nicolás Maduro espera asumir de nuevo
la Presidencia, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo diera por
ganador.

Sin embargo, como denuncia la comisión, Venezuela “no ha
presentado las actas de votación que respaldan los resultados”.

“El 10 de enero será una fecha de importancia para el
pueblo venezolano y la región. Continuaremos monitoreando de cerca la situación
y seguimos haciendo el llamado urgente al Estado para que respete, proteja y
garantice los derechos humanos de todas las personas venezolanas y restablezca
el orden democrático”, avanzó De Mees.

La CIDH instó a la comunidad internacional “a reconocer la
grave crisis de derechos humanos en Venezuela y a mantenerse vigilante frente a
nuevas escaladas represivas” y pidió a la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional que presentara formalmente “un caso por la comisión de crímenes
de lesa humanidad”.

Al final del documento, la comisión fijó una lista de
recomendaciones en materia democrática, de administración de justicia, de
derechos políticos, seguridad ciudadana y libertad de expresión.

EFE