Trump emite una orden para ampliar su poder sobre agencias independientes

Por The New York Times | Charlie Savage

La directiva aplica para diversas agencias del poder ejecutivo que el Congreso creó y facultó para regular aspectos de la economía.

El presidente Trump emitió el martes una orden ejecutiva que busca una mayor autoridad sobre las agencias reguladoras que el Congreso estableció como independientes del control directo de la Casa Blanca, parte de un intento más amplio de centralizar el poder del presidente sobre el gobierno.

La orden exige que las agencias independientes presenten sus regulaciones propuestas a la Casa Blanca para su revisión, establece el poder de bloquear a esas agencias para que no gasten fondos en proyectos o iniciativas que entren en conflicto con las prioridades presidenciales y declara que deben aceptar la interpretación de la ley del presidente y el Departamento de Justicia como vinculante.

“Se trata de una maniobra de poder sobre las agencias independientes, una estructura de administración que el Congreso ha utilizado para diversas funciones desde la década de 1880”, dijo Peter M. Shane, quien es jurista residente en la Universidad de Nueva York y autor de un libro de casos sobre la ley de separación de poderes.

La orden sigue a la rápida oleada de despidos de líderes de agencias independientes realizados por Trump en desafío a los estatutos que prohíben su destitución sin causa antes de que finalicen sus términos. En conjunto, estas medidas constituyen un frente importante en el asalto del presidente a la estructura básica del gobierno estadounidense y en su esfuerzo por arrebatar al Congreso parte de su poder constitucional sobre este.

La directiva aplica para diversas agencias del poder ejecutivo que el Congreso creó y facultó para regular aspectos de la economía, estructurándolas para que fueran dirigidas por funcionarios que el presidente designaría para términos fijos, pero cuyas acciones cotidianas no controlaría directamente.

Entre esos organismos se encuentran la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión Federal de Comercio, la Comisión Federal de Comunicaciones y la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Sin embargo, la orden solo aplica parcialmente a una agencia especialmente poderosa, la Reserva Federal, abarcando cuestiones relacionadas con su supervisión y regulación de Wall Street, pero eximiendo sus decisiones relacionadas con la política monetaria, como subir y bajar las tasas de interés.

La orden de Trump se basa en una serie de directivas que se remontan a una emitida por el presidente Ronald Reagan en 1981, que también exigía a los organismos que presentaran las normas propuestas a la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca. Esa orden, sin embargo, no se aplicaba a las agencias que el Congreso creó para que fueran independientes de la Casa Blanca.

Peter L. Strauss, profesor emérito de derecho de la Universidad de Columbia, dijo que no debería haber controversia jurídica sobre el requisito de la orden de que las agencias independientes consulten sus planes normativos con la Casa Blanca. Según la Constitución, señaló, el presidente “puede exigir la opinión, por escrito”, de altos funcionarios en relación con las obligaciones de sus cargos.

Sin embargo, señaló Strauss, otros aspectos sugieren que Trump se considera facultado para dirigir las acciones de las agencias —de forma equivalente a la manera en que puede dar órdenes al ejército como comandante en jefe— aunque el Congreso haya dicho lo contrario. Eso argumentó Strauss, cruza una línea en lo que durante mucho tiempo ha sido la comprensión predominante de la Constitución.

La orden declaraba que el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, puede retener la financiación de cualquier proyecto o iniciativa que entre en conflicto con las políticas y prioridades de Trump.

En concreto, decía, Vought tendrá el poder de “ajustar las asignaciones de dichas agencias por actividad, función, proyecto u objeto, según sea necesario y apropiado, para impulsar las políticas y prioridades del presidente”, incluso prohibiéndoles gastar fondos en asuntos que no sean del agrado de Trump.

Esa facultad de Vought para restringir la capacidad de las agencias de gastar los fondos que el Congreso les ha asignado, según la orden, es limitada: solo puede hacerlo “siempre que tales restricciones sean compatibles con la ley”. No obstante, otra sección de la orden señala que las agencias deben aceptar las opiniones de Trump y de la fiscal general Pam Bondi sobre lo que la ley significa.

“Ningún empleado del poder ejecutivo que actúe en el ejercicio de sus funciones oficiales podrá presentar una interpretación de la ley como la posición de Estados Unidos que contravenga la opinión del presidente o de la fiscal general sobre una cuestión de derecho, incluyendo, pero no limitado a la emisión de regulaciones, directrices y posturas presentadas en litigios” sin autorización, decía.

Trump ha adoptado la postura de que una ley de 1974, la Ley de Control de Confiscaciones, es inconstitucional. En virtud de esa ley, el Congreso restringía la capacidad de los presidentes para negarse a gastar dinero que los legisladores habían asignado para programas que al presidente no le gustaran.

El Departamento de Justicia ha intentado establecer que solo el procurador general puede hablar en nombre del poder ejecutivo ante la Corte Suprema. Sin embargo, el Congreso también ha otorgado por ley a ciertas agencias autoridad independiente para litigar. Al parecer, el gobierno de Trump pretende acabar definitivamente con la capacidad de las agencias para decidir qué posturas adoptar, incluso en los tribunales inferiores.

Desde que volvió al cargo, Trump ya había desafiado un pilar jurídico clave de las agencias independientes al despedir arbitrariamente a los jefes de varias de esas organizaciones. Esto viola leyes promulgadas por el Congreso que las protegen de despidos arbitrarios y estipulan que dichos funcionarios solo pueden ser destituidos antes de tiempo por una causa justificada, como mala conducta.

Por ejemplo, despidió a alguien de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. La medida pasó por alto una disposición de la ley que creó la agencia que dice: “Cualquier miembro de la junta podrá ser destituido por el presidente, previa notificación y audiencia, por negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta en el cargo, pero no por ninguna otra causa”.

También destituyó a un abogado del gobierno que dirigía un organismo de vigilancia independiente que protege a los informantes, a pesar de existir un estatuto similar. Un juez ordenó la reincorporación temporal del funcionario, y el gobierno de Trump ha apelado ante la Corte Suprema.

La semana pasada, Sarah Harris, procuradora general interina del Departamento de Justicia, escribió en una carta al Congreso que el departamento no defendería la constitucionalidad de los estatutos que limitan la destitución de miembros de agencias independientes antes de que finalice su término.

Harris escribió que la Constitución no debe ser interpretada en un sentido que permita al Congreso promulgar una ley “que impida al presidente supervisar adecuadamente a los principales funcionarios del poder ejecutivo que ejecutan las leyes en su nombre”. Añadió que el gobierno de Trump intentaría que la Corte Suprema anulara un precedente de 1935 en sentido contrario.

Acabar con la independencia de dichas agencias y consolidar el poder sobre ellas en la Casa Blanca ha sido durante mucho tiempo un objetivo del movimiento legal conservador, que ve ese objetivo como un medio para reducir las regulaciones y normas que el gobierno ha impuesto a los poderosos intereses empresariales.

Sin embargo, el movimiento ha carecido de los votos necesarios para persuadir al Congreso de que simplemente rescinda los estatutos y suprima o reduzca dichas agencias. En su lugar, desde el gobierno de Reagan, abogados conservadores han desarrollado e impulsado una ideología denominada teoría del ejecutivo unitario, bajo la cual se debería reinterpretar la Constitución para que no se permita que el Congreso cree ningún tipo de independencia dentro del gobierno que esté fuera del control directo del presidente.

Los magistrados de la Corte Suprema nombrados por los republicanos —cinco de cuyos nueve miembros fueron abogados del poder ejecutivo en los gobiernos de Reagan o George W. Bush— ya han estado recortando las competencias de las agencias reguladoras. Las agencias incluyen las que el Congreso estableció como independientes y las que, como la Agencia de Protección del Medio Ambiente, los legisladores establecieron para que estuvieran sujetas a la supervisión presidencial.

Durante la campaña de 2024, Trump y algunos de sus asesores más cercanos dejaron claro que, si ganaba, impulsarían esa agenda. En un video publicado en el sitio de su campaña, Trump prometió poner las agencias independientes “de nuevo bajo la autoridad presidencial, como exige la Constitución”.

Y Vought, quien también dirigió la Oficina de Gestión y Presupuesto en el primer gobierno de Trump, dijo a The New York Times en una entrevista en 2023 que tenían a las agencias independientes en la mira.

“Lo que intentamos hacer es identificar los focos de independencia y aprovecharlos”, dijo Vought.

Colby Smith colaboró con la reportería desde Nueva York.

Charlie Savage

escribe sobre seguridad nacional estadounidense y política jurídica. Más de Charlie Savage

Colby Smith colaboró con la reportería desde Nueva York.