Gobierno argentino describe como “idiotas” e “imbéciles” a personas con discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina,
dependiente del Ministerio de Salud, calificó a personas con distintos grados
de discapacidad como “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles” en una
resolución publicada el mes pasado en el Boletín Oficial de la Nación y que
tuvo amplia difusión este jueves.

Los términos aparecen en el Anexo de la Resolución
187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), que define los “criterios
médicos” para medir la invalidez laboral, requisito dispuesto desde setiembre
de 2024, por el Decreto 843/2024, para quienes perciben pensiones no
contributivas.

Debajo de un apartado titulado “Retardos mentales”,
clasifica a las personas de “idiota”, “imbécil” o “débil mental” —que a su vez puede
ser “profundo”, “moderado” o “leve”—, según su nivel de discapacidad, y
determina que “le corresponde pensión a los que presentan debilidad mental
profunda o mayor”.

Esto es una locura. El gobierno acaba de decretar que la gente con discapacidad ahora se los clasifica como “IDIOTA”, “IMBÉCIL” y “DÉBIL MENTAL”. Esto está en el Boletín Oficial y viola acuerdos internacionales contra la discriminación pic.twitter.com/OO1tj85upf

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 27, 2025

Siete organizaciones argentinas de derechos humanos y que
representan a las personas con discapacidad, entre las que se encuentran la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), interpusieron el pasado 3 de febrero un reclamo
administrativo en el que solicitaron a la ANDis la derogación urgente de la
norma “por violar los derechos de las personas con discapacidad”.

En el reclamo afirman que la resolución “atenta de modo
flagrante contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, tratado internacional con jerarquía constitucional en nuestro
país (Ley 27044), poniendo en grave riesgo derechos humanos fundamentales”.

La abogada del programa Derechos de las Personas con
Discapacidad de la ACIJ Agostina Quiroz explicó a EFE que dichas
expresiones “reproducen y refuerzan prejuicios históricos que agudizan la
discriminación de las personas con discapacidad”, y consideró que “resulta
particularmente problemático que sea el Estado quien recurra a esos discursos,
dado que es justamente quien debe combatirlos”.

Las organizaciones de la sociedad civil señalaron además
que el Estado mide la “invalidez” recurriendo a criterios médicos que
desconocen “el modelo social de la discapacidad”, tomado por la convención.

Quiroz afirmó que la resolución reproduce “el modelo
médico de la discapacidad, que ya estaba superado por el modelo social”.

“Según este modelo, la discapacidad se entiende como la
interacción entre las características de la persona y las barreras presentes en
su entorno, por lo que no se pone el foco en ella ni en su ´deficiencia´, ni se
pretende ´normalizarla´ a través de tratamientos médicos (como sí hace el
modelo médico), sino que se pone el foco en la comunidad y en el Estado, que
deben transformarse para asegurar la participación plena de las personas con
discapacidad”, agregó la abogada.

Un comunicado de ACIJ, emitido el 7 de febrero, afirmó que
“no hay personas ‘inválidas’ para trabajar, sino que todas pueden hacerlo en la
medida que se les proporcionen los apoyos que requieren”.

Sobre el impacto que tiene la medida en la vida de miles
de personas con discapacidad que viven en el país, Quiroz manifestó que el “lenguaje
y los modos” en los que se refiere a las “otras personas tienen impactos
concretos tanto en lo colectivo (en las políticas, en las prácticas y en las
culturas), como en lo individual” relacionado en la construcción de identidad
de los sujetos.

“El hecho de que la Administración Pública continúe
utilizando estos términos para referirse a determinadas personas genera graves
daños a ellas y a sus familias, así como a la sociedad en su conjunto, al
reforzar estereotipos y barreras actitudinales que atentan contra la
construcción de comunidades más justas e inclusivas”, concluyó.

EFE