México envió a líderes del narcotráfico a EE. UU. sabiendo que podrían ser ejecutados

Por The New York Times | Santul Nerkar

Rafael Caro Quintero, quien enfrenta un
juicio en Brooklyn, y al menos otras cuatro figuras de cárteles podrían
enfrentar la pena de muerte, pues fueron trasladados desde México y no
extraditados.

Los acusados extranjeros enviados a Estados Unidos casi nunca
enfrentan la pena capital, por graves que sean las acusaciones que pesan
contra ellos.

Pero cuando un célebre líder del narcotráfico llegó de México al
tribunal federal de Brooklyn el mes pasado, acusado, entre otras cosas,
de asesinar a un agente federal estadounidense, los fiscales del
Distrito Este de Nueva York dijeron que podría ser condenado a muerte.

Los fiscales aún tendrían que solicitar formalmente la pena capital
para el narcotraficante, Rafael Caro Quintero, antes de un juicio para
el que podrían faltar meses o años. Pero sea lo que sea lo que ocurra
con Caro Quintero, el episodio representa un cambio radical para ambos
países, y refleja cómo está respondiendo México a la agresiva política
exterior del presidente Donald Trump en el continente y más allá.

Antes de esto, históricamente México había enviado a delincuentes a
Estados Unidos solo con la condición de que no fueran ejecutados, una
disposición de su acuerdo de extradición con Washington.

Sin embargo, en lugar de pasar por el engorroso procedimiento de
extradición, México simplemente envió a Caro Quintero y a otras 28
figuras del narcotráfico, como permite una ley de seguridad nacional. La
medida da al gobierno mexicano flexibilidad para acelerar los traslados
y significa que Caro Quintero y al menos otros cuatro presos enviados a
Estados Unidos el mes pasado podrían enfrentarse también a la pena de
muerte.

Para México, la decisión supone una ruptura con la antigua política
del país de proteger a sus ciudadanos de la pena capital. Para Estados
Unidos, hace posible la visión punitiva de la justicia de Trump, de la
que la pena de muerte es una herramienta esencial.

México ha luchado encarnizadamente durante décadas para impedir que
el gobierno estadounidense ejecute a sus ciudadanos. El tratado de
extradición, cuya forma está en vigor desde la década de 1970, estipula
que el país que solicite a un acusado no puede imponer la pena de muerte
si esta no existe en el país de origen del acusado. México no aplica la
pena capital desde la década de 1960, aunque no se abolió oficialmente
hasta 2005.

Los distintos puntos de vista de ambos países han tensado las
relaciones. En 2002, el entonces presidente de México, Vicente Fox, canceló
un viaje para visitar al presidente George Bush en protesta por la
inminente ejecución de un ciudadano mexicano. En 2003, México recurrió
al más alto tribunal de las Naciones Unidas por las condenas a muerte
que el gobierno estadounidense había impuesto a 51 ciudadanos mexicanos.

En 2017, México accedió a extraditar al narcotraficante Joaquín
Guzmán Loera, conocido como el Chapo, con la condición de que los
fiscales del Distrito Este no solicitaran la pena de muerte. Fue
condenado a cadena perpetua en 2019.

Emily Edmonds-Poli, profesora de ciencias políticas y relaciones
internacionales en la Universidad de San Diego, dijo que la decisión de
la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de trasladar a los
miembros de cárteles conllevaría normalmente un riesgo político. Pero
Sheinbaum, quien goza de altos índices de aprobación en medio de una
oleada de nacionalismo, puede tener la libertad de actuar con audacia,
dijo.

“Es un momento decisivo”, dijo Edmonds-Poli. “Abre una puerta que antes estaba firmemente cerrada”.

El predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, intentó
acabar con la violencia mediante una menor confrontación con los
cárteles y abordando las causas profundas. Pero su estrategia, acuñada
como “abrazos, no balazos”, ha perdido popularidad en México.

En cambio, Sheinbaum ha adoptado hasta ahora un enfoque decididamente más agresivo
en la lucha contra los cárteles. Además de aprobar los traslados, ha
enviado más de 10.000 soldados a la frontera estadounidense y a Sinaloa,
un centro de tráfico de fentanilo donde su gobierno afirma haber
realizado más de 900 detenciones desde octubre.

No está claro cómo responderá el gobierno mexicano si los fiscales
estadounidenses solicitan la pena de muerte contra los miembros de los
cárteles. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de México, declaró a la
prensa en México que los jefes de los cárteles no pueden ser ejecutados
en Estados Unidos, según informó el diario El País.

Las negociaciones para enviar a los capos de la droga de México
mediante este proceso simplificado comenzaron durante el gobierno de Joe
Biden, según dos personas familiarizadas con las conversaciones. La
Casa Blanca de Biden reanudó esas conversaciones con Sheinbaum cuando la
presidenta asumió el cargo en octubre, y el acuerdo final del traslado
fue negociado por el gobierno de Trump después del día de la toma de
posesión.

“Es un cortocircuito de un importante procedimiento legal”, dijo
Austin Sarat, profesor del Amherst College, quien ha estudiado la pena
de muerte durante décadas. “Lo que Trump está haciendo es reiniciar la
conversación en torno a la pena capital”.

Caro Quintero era una captura especialmente preciada para los
fiscales estadounidenses. Fue condenado en México por orquestar la
tortura y asesinato en 1985 de Kiki Camarena, agente encubierto de la
Administración de Control de Drogas, que transformó la agencia y las
relaciones entre Estados Unidos y México.

Caro Quintero cumplió décadas en una prisión mexicana, pero fue
liberado en 2013 en plena noche gracias a un vacío legal. Fue
recapturado por las autoridades mexicanas en 2022. Michael Vitaliano,
abogado de Caro Quintero, dijo en un comunicado que, en caso de que su
cliente se enfrentara a la pena de muerte, su equipo jurídico estaba
“plenamente preparado para hacer frente a ese desafío procesal y
sustantivamente”, desde “el momento de su captura y expulsión de México
hasta el final del juicio”.

Podrían pasar meses antes de que los fiscales anuncien si solicitan
la pena de muerte. Un portavoz del Distrito Este declinó hacer
comentarios.

Los fiscales tendrían primero que superar obstáculos, como una
intensa revisión dentro de la oficina del Distrito Este y de un comité
del Departamento de Justicia en Washington que estudia los casos de pena
capital. Durante este tiempo, los abogados defensores pueden presentar
apelaciones a los fiscales y luego al comité de Washington.

Los detractores de la pena de muerte llevan mucho tiempo señalando
las disparidades raciales en su aplicación, junto con la cuestión moral
más fundamental de si el Estado tiene derecho a quitar una vida.

Los críticos también han señalado el elevado precio de la administración de la pena de muerte, que puede ser decenas de miles de dólares
más cara que la cadena perpetua, así como el hecho de que Estados
Unidos ejecuta a muchas más personas que los países de su grupo. Entre
los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, Estados Unidos y Japón son los dos únicos que aplican la pena
de muerte.

Ken Montgomery, abogado de Vicente Carrillo Fuentes, otro miembro del
cártel enviado desde México que podría enfrentarse a la pena de muerte,
dijo en una entrevista que Estados Unidos no debería dedicarse a
ejecutar personas.

“Para una sociedad civilizada, no creo que ejecutar a personas sea nunca algo civilizado”, dijo Montgomery.

Poco más de la mitad de los estadounidenses apoyan la pena de muerte,
según una encuesta de octubre de Gallup, frente al 80 por ciento de
hace tres décadas. A escala nacional, en Estados Unidos, se ejecutó a 25
personas en 2024, frente a 85 en 2000, según el Centro de Información
sobre la Pena de Muerte. El presidente Joe Biden, quien en 2020 hizo
campaña por el fin de la pena capital, estableció una moratoria sobre
las ejecuciones federales y conmutó las penas de 37 de los 40 reclusos
condenados a muerte antes de dejar el cargo.

Por el contrario, Trump y sus aliados favorecen un enfoque más
punitivo de la administración de justicia, y el propio Trump alberga
desde hace tiempo una afinidad por la pena de muerte. En 1989, publicó
anuncios en la prensa pidiendo que el estado de Nueva York adoptara la
pena de muerte tras el brutal ataque a una corredora en Central Park,
por el que fueron condenados injustamente cinco adolescentes negros e
hispanos. (Los anuncios no pedían directamente la ejecución de los
adolescentes).

En 2017, poco después de que un terrorista uzbeko, Sayfullo Saipov,
atravesara con un camión una ciclovía abarrotada en el Bajo Manhattan, y
matara a ocho personas, el presidente Trump dijo en Twitter que Saipov
“¡DEBERÍA RECIBIR PENA DE MUERTE!”. Durante su primer mandato, Trump
reinició las ejecuciones federales tras una pausa de 20 años. Y durante
su campaña para 2024, Trump dijo que “los narcotraficantes y los
traficantes de personas” deberían ser condenados a muerte.

En enero, Trump firmó una orden ejecutiva que pedía la pena de muerte
en los casos de “asesinato de un agente del orden” y de “un delito
capital cometido por un extranjero presente ilegalmente en este país”.

En un memorando del 5 de febrero, Pam Bondi, fiscala general, levantó la moratoria que Biden había impuesto a las ejecuciones.

Alan Feuer colaboró con reportería.

Alan Feuer colaboró con reportería.

Un grupo de agentes federales abandona el
edificio del tribunal federal de Brooklyn en febrero, tras la
comparecencia de dos miembros de cárteles mexicanos. (Dave Sanders/The
New York Times)