Italia frena reforma de nacionalidad por baja participación en referéndum

La escasa participación ciudadana en las cinco consultas populares celebradas en Italia este domingo y lunes frustró el intento de reformar el acceso a la nacionalidad y varias normas laborales. Con apenas un 30 % de votantes —muy por debajo del 50 % requerido—, los referendos impulsados por sectores progresistas quedaron sin validez jurídica, favoreciendo al Gobierno encabezado por Giorgia Meloni.

La propuesta más emblemática buscaba reducir de 10 a 5 años el período de residencia legal requerido para que un extranjero pudiera solicitar la ciudadanía italiana, además de permitir la transmisión automática del derecho a los hijos menores. Según estimaciones, esta medida habría beneficiado a más de 2,3 millones de personas, muchas de ellas provenientes de comunidades inmigrantes asentadas en Italia desde hace décadas.

Abstención estratégica y rechazo gubernamental

El fracaso de la consulta se explica en parte por el boicot promovido abiertamente por el Ejecutivo. Tanto la primera ministra Meloni como sus aliados —el viceprimer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, y el canciller Antonio Tajani de Forza Italia— llamaron a la abstención, desincentivando la participación. “La ciudadanía no es un regalo”, afirmó Salvini en un mitin horas antes del cierre de las urnas, insistiendo en la necesidad de reglas “más estrictas”.

Desde el oficialismo, se interpretó la baja participación como una derrota simbólica para la oposición. “Habéis perdido”, publicó en redes sociales Hermanos de Italia junto a una imagen de los principales líderes opositores, en una muestra de tono combativo.

Reforma laboral también sin efecto

Además de la nacionalidad, las otras cuatro preguntas del referéndum incluían iniciativas para derogar aspectos clave de la legislación laboral aprobada en años recientes. Entre ellas, eliminar el límite a las indemnizaciones por despido injustificado y obligar a las empresas a reincorporar a trabajadores tras sentencias judiciales favorables.

Estas propuestas contaban con el respaldo del principal sindicato italiano, la CGIL, y formaban parte de una campaña que logró reunir más de 637.000 firmas. Sin embargo, la falta de participación invalidó cualquier efecto legal.