Huérfanos por el narcotráfico

Por Daniel Valiñas

Ante el notorio avance del narcotráfico y de la economía ilícita, la Asociación Civil CIPPUS cumple un rol importante en el apoyo de los menores que quedaron huérfanos por tener familiares procesados con prisión o muertos por causas violentas debido a los enfrentamientos de bandas criminales, mejorando su participación a nivel territorial pero con la condición de que el estado está omiso ante la problemática a detallar. No obstante la salud mental de las víctimas juega un papel en donde se deberá actuar para una paz duradera, una justicia armónica y unas instituciones fortalecidas con el propósito de tender hacia la sostenibilidad del sistema.

En los últimos años el narcotráfico se ha convertido en un quiste para las sociedades latinoamericanas, la mencionada actividad económica enmarcada en el crimen organizado la cual adquiere una especie de legalidad paralela cuando el estado pierde terreno en controlar y velar por la seguridad de sus habitantes.

Culturalmente es una economía ilegal que mueve cifras siderales que apareja un impacto en la sociedad.

A finales de los 90 y principios de los 2000 la llamada “pasta base” modificó el esquema de como producir drogas hasta llegar a derivados que son de letal impacto en el consumo con sus consecuencias, transformando nuestro país de acopio pasando por su consumo y su comercialización dentro del circuito económico indebido.

Combatir el tráfico de estupefacientes es la carta de presentación para que nuestro país y nuestras sociedades latinoamericanas se pongan implacables con la ilegalidad de las actividades conexas que apareja.

No obstante hay un grupo etario que hay que prestarle la atención que son los menores de edad que quedan desamparados cuando sus padres o sus tutores legales son privados de libertad por el hecho de que cometieron fechorías que derivan en el procesamiento con prisión. Tanto es así que el estado al momento de hoy se encuentra omiso en brindar contención y asistencia cuando los más vulnerables quedan desamparados, principalmente en lo que refiere a su salud mental.

El rol de una asociación civil

La asociación civil CIPPUS ubicada en el Barrio Montevideano de Unión, es una ONG que trabaja hace 28 años, ante el crecimiento del impacto de las economías ilegales y otras cuestiones territoriales y esto ha llevado a una serie de situaciones, madres y padres presos, prisionización de la familia y crecimiento de las muertes en los territorios por la presencia de armas y municiones, en donde quedan entrampados niños, niñas y adolescentes en donde el estado no da ningún tipo de respuesta ante estas cuestiones de encarcelamiento y muerte de los adultos, generando en la mayoría de los casos que los abuelos se hagan cargo de aquellos indefensos que son víctimas de las situaciones, pero sin una propuesta, quedando los referentes familiares, ya sean abuelos, amigos de la familia sin un respaldo del estado, padeciendo complicaciones económicas entre varias.

Por ejemplo: en hogares de donde los ingresos son precarios, sostener uno o más niños a cargo conlleva a muchas dificultades económicas a las familias que lo asume, y a su vez la persona que queda de referencia no posee un vínculo afectivo de larga data, o a veces, en el caso de las abuelas, la mayoría comparte el trabajo con el cuidado, a la vez que se constata en muchos casos deterioro físico, hay una problemática entre el cuidado y el apoyo económico con las cuestiones que lleva el mantenimiento en el sistema educativo con el fin de adquirir destrezas para la vida, cuestiones de salud, pero por sobre todo de salud mental, las cuales no se atienden que han atravesado las situaciones. El impacto de una muerte o de un familiar baleado genera mucho miedo, bronca, temor, dolor, genera pánico a circular en el barrio.

Colibrí y El Cardal

CIPPUS surgió en el año 1998 con el Programa Colibrí, que es un programa de calle que atiende a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, población que se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. Mientras que en el año 2000 se crea el Programa El Cardal que aborda erradicación y prevención del trabajo infantil, que es el único proyecto en el Uruguay que encara dicha problemática, y también las muertes como el crecimiento del involucramiento de familias y niños en cuestiones de economías ilegales, como la presencia de armas y municiones en el territorio, el aumento de niños y adolescentes baleados, la muerte de adultos forma parte del trabajo de CIPPUS.

En el proyecto Colibrí se hace un trabajo más de territorio para detectar a los niños, adolescentes y sus familias en las calles, dándoles un apoyo en lo alimenticio, en lo educativo. A nivel territorial se puede mejorar mucho el impacto de lo que se hace a nivel territorial, pero hace falta una respuesta más articulada donde aparezca el sistema sanitario, el acceso a la vivienda, el apoyo económico a las familias que asumen la responsabilidad de su crianza, como también la presencia de agentes territoriales de salud que permitan trabajar con la salud mental de los adolescentes en el barrio, necesitando de una política más territorial con una repuesta integral a un tema muy complejo.

Actuar dentro del territorio

Dentro del territorio se necesitan políticas articuladas que den la respuesta necesaria sabiendo del gran problema de lo que ha generado la proliferación de armas y municiones letales que hay, sabiendo del gran miedo que hay en el territorio, la institución nombrada al principio ha sido requerida por otras instituciones educativas del impacto que tiene el niño, sobretodo en adolescentes de algunos liceos del barrio, requiriendo el apoyo en las situaciones del crecimiento de las balaceras que suceden a menudo en el territorio en los cuales quedan involucrados los estudiantes que tienen algún familiar, algún hermano, o indirectamente viven en el barrio en donde han pasado un montón de cosas.

Sumándole a todo eso varios intentos de autoeliminación y suicidios, complejizando la salud mental de varios adolescentes que no tienen respuesta, ni el estado de manera articulada le está acercando la respuesta a la problemática de brindarles atención a las víctimas, ni que pasa el día después de haber soportado la muerte violente de un familiar en el territorio, careciendo de un protocolo frente a la actuación cuando en la zona aparece alguien baleado o asesinado por parte del sistema de salud que permita aplicarle un plan de contingencia con los que sobrevivieron.

En el año 2020 Gabriel Tenenbaum mencionó en un trabajo de investigación profesional sobre las vidas castigadas de los adolescentes en las ciudades de Montevideo y México, sobre un proceso de rescate familiar en tres momentos: el primero es con la disuasión surgida en la detención policial desde el maltrato al momento de ser capturado, su traslado y custodia; el segundo es con la disuasión acarreada por el proceso judicial que se manifiesta durante la audiencia, desconocimiento del funcionamiento judicial, las amenazas recibidas por los castigos duros, etc.; y un tercero que es para los casos de privación de libertad junto con las condiciones de vida desdichadas junto con la violencia que sufren en el encierro.

Estos tres mojones que le pasan a los que son privados de libertad, hacen que en su entorno de aquellos menores que tienen hermanos, primos o amigos que caen en procesos judiciales hacen reflexionar que su desamparo es notorio, generando trastornos en su psiquis. Es por eso que correspondería un trabajo para efectivizar la territorialidad de políticas a nivel socioeducativo cuando cumplan su etapa, permitiendo que no reincidan en malas prácticas en favor de una reinserción social acorde.

Desde la salud mental

Al momento de que un menor de edad cae en la desgracia de quedar huérfano por la reclusión o pérdida de alguno de sus padres o tutores, impacta profundamente en lo psicológico. Es así que nuestros menores sufren en parte de una epidemia silenciosa en donde el estado no posee políticas acordes para abordar el tema de la salud mental.

No podemos juzgarlos por su condición social, solo tenemos el deber de proceder y de contener.

El estrés postraumático en donde las víctimas son propensas a desarrollarlo, la depresión y ansiedad que deriva a estar en una situación de alerta máxima, los trastornos alimenticios como resultado del trauma emocional, el abuso de sustancias prohibidas a las que recurren para mitigar ante las molestias emocionales, y los pensamientos suicidas que sobrellevan para lidiar con las heridas emocionales hacen que los efectos se resalten al momento de conocerlos y poder hacer un diagnóstico preciso.

Una intervención temprana que permita un apoyo a largo plazo, educación y contención para reducir el estigma asociado al trauma, el acceso a recursos como la atención médica y las líneas de ayuda, prevención de la violencia con políticas que promuevan los vínculos saludables, y el apoyo comunitario a nivel territorial contribuyen a generar un entorno seguro y solidario para que las víctimas puedan recibir su apoyo y compartir sus experiencias, con el fin de elaborar políticas que permitan su reinserción al sistema educativo.

De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el Objetivo Nº 16 es sobre “Paz, justicia e instituciones sólidas”, haciendo hincapié en el punto 2 que consiste en “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas formas de violencia y tortura contra los niños”.

Terminar con el maltrato es sanear la salud emocional de los niños.

La cooperación entre pares y una comunidad fortalecida que tenga la tarea de contener a aquellos que han quedado huérfanos de padres involucrados en hechos de violencia acarreados por el narcotráfico, es la clave para que puedan volver a empezar en sus destrezas que fueron truncadas por episodios malditos que ellos no tuvieron su participación directa, si indirecta.