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LACALLE POU RECIBIÓ FINANCIACIÓN EN CAMPAÑA ELECTORAL DE TABACALERA Y AHORA LA FAVORECE CON CAMBIO DE NORMATIVA

El Presidente Luis Lacalle Pou recibió financiación de la tabacalera Monte Paz, en la campaña electoral del actual presidente y ahora recibe una flexibilización en el empaquetado de los cigarrillos, que la favorece.
La Diaria el 11 de febrero de 2020 publicó que la fórmula presidencial del 2019: Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, actualmente presidente y vicepresidenta de la República, recibieron 14.531 dólares de donación para la campaña. “CIET Uruguay” realizó un contundente informe que deja muy mala parado al gobierno uruguayo.

Para comenzar, señalemos que CIET es una organización no gubernamental con la misión de investigar y realizar acciones de abogacía, para promover el control de las Enfermedades No Transmisibles. Sus principales líneas de acción han sido la promoción del control del tabaco, promoción de la actividad física y control del consumo problemático de Alcohol, con el objetivo de fortalecer las capacidades en el control de estas enfermedades por parte de gobiernos y de la sociedad, en Uruguay y la región de las Américas.

En su web dicen ser médicos, abogados, sociólogos, psicólogos, economistas, contadores, escribanos, profesores de educación física, personas afectadas por el tabaco, estudiantes y voluntarios que trabajamos por un Uruguay con menos de 5% de fumadores en 2030.
En dicho informe se señala que América Latina no solo es la región más desigual del planeta, sino también la más afectada por el devastador impacto de la pandemia de COVID-19, la cual ha repercutido en el desarrollo, la economía y todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida.
En este contexto, la industria tabacalera además de vender un producto que mata anualmente a casi un millón de personas en la Región de las Américas, ha explotado la situación vulnerable que viven muchos países mediante actividades llamadas de “responsabilidad social empresarial (RSE)”, con el objetivo de posicionarse positivamente; además de promover y comercializar novedosos y emergentes productos de tabaco (engañando acerca de sus efectos dañinos para la salud y enfocando sus tácticas para atraer a las poblaciones más jóvenes), con el único objetivo de continuar expandiendo su negocio. La pandemia de COVID-19 hace aún más relevante prestar atención a las acciones de interferencia de la industria tabacalera.

En Uruguay no se encontró evidencia pública de que el gobierno acceda a solicitudes de la industria tabacalera. No obstante, la industria contrarrestó los esfuerzos del presidente Vázquez para acelerar la implementación del empaquetado neutro. En 2018, el gobernante decretó el empaquetado neutro para que la industria tabacalera lo implementara en febrero del 2019. Posteriormente, el Parlamento Nacional aprobó una Ley sobre empaquetado neutro, que estaba pendiente de aprobación desde 2017. La aprobación de esta Ley canceló el Decreto presidencial y pospuso la entrada en vigencia del empaquetado neutro hasta diciembre de 2019. Por lo tanto, la implementación de este empaquetado se retrasó. No obstante, la aprobación de una Ley proporcionó mayor protección a la normativa.

LA FALTA DE TRANSPARENCIA FACILITA LA INTERFERENCIA DE LA INDUSTRIA

En Uruguay, el presidente y el Ministerio de Salud Pública no se reúnen con la industria tabacalera. Sin embargo, este puede no ser el caso de otras dependencias del Estado, como los Ministerios de Economía y Finanzas, Industria y Comercio o Aduanas, los cuales siguen siendo vulnerables a la influencia de la industria tabacalera.

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO RETIRADOS TRABAJANDO PARA LA INDUSTRIA TABACALERA REPRESENTAN UN GRAVE CONFLICTO DE INTERÉS.

En Uruguay, un decreto prohíbe todas las formas de patrocinio de las empresas tabacaleras, incluidas las donaciones. A pesar de ello, la compañía tabacalera de Uruguay, Monte Paz, contribuyó en la financiación de la campaña electoral del actual presidente (Dr. Luis Lacalle Pou). Las empresas tabacaleras tienen prohibido también financiar partidos políticos, pero en la última campaña electoral, uno de los partidos políticos declaró haber sido financiado por Monte Paz

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PROTEGER AL GOBIERNO

En Uruguay, la industria tabacalera debe enviar información al Instituto Nacional de Estadística (INE) que incluya número de empleados, ingresos y volumen de producción. La Dirección General de Impositiva (DGI) también mantiene registros de la actividad económica de la industria. Esta información es la misma que se solicita a todas las empresas y no es de carácter público. La industria tabacalera no está obligada a presentar información sobre los gastos de comercialización u otras actividades, como el lobby y las contribuciones políticas.

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