Combustible mas barato: oficialismo destaca alivio económico y Botana advierte “impacto cero”

El Parlamento aprobó en forma definitiva el proyecto de ley que habilita al Poder Ejecutivo a extender hasta 60 kilómetros de los pasos de frontera terrestre el régimen de reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi) a las naftas.
La iniciativa fue votada por unanimidad en el Senado de la República, luego de haber recibido la semana pasada el visto bueno de la Cámara de Diputados, por lo que quedó sancionada por ambas cámaras.
¿Qué establece la norma?
La nueva disposición sustituye el artículo 38 de la Ley 18.083 y mantiene el beneficio total para las estaciones de servicio ubicadas dentro de los 20 kilómetros de los pasos fronterizos.
Además, habilita una extensión parcial para aquellas estaciones situadas entre los 20 y los 60 kilómetros, donde la reducción no podrá superar el 50% del descuento aplicado en la franja más próxima a la frontera.
El texto aprobado señala que el Poder Ejecutivo determinará la forma y condiciones en que operará la medida, pudiendo incluso limitar su alcance a determinadas zonas geográficas en función de los precios de los combustibles en los países limítrofes.
Argumentos a favor y reparos
Desde el oficialismo, el senador Eduardo Brenta defendió la iniciativa como una herramienta para mitigar las asimetrías cambiarias que afectan a las economías locales de frontera. Sostuvo que la compra de combustibles es “uno de los elementos decisivos” que influyen en la decisión de muchos consumidores de cruzar hacia el país vecino.
En la misma línea, el senador Óscar Andrade señaló que la medida da continuidad a una política que reconoce que las diferencias cambiarias impactan de manera desigual en los uruguayos, especialmente en quienes residen en zonas fronterizas.
Desde la oposición, si bien acompañaron la votación, surgieron cuestionamientos sobre su alcance real. El senador nacionalista Sergio Botana afirmó que “toda medida de rebaja impositiva es buena medida”, aunque advirtió que el impacto será “cero”, al entender que quienes viajan hasta la frontera para cargar combustible seguirán haciéndolo, por lo que el efecto sobre el comercio local sería limitado.
Con la ley ya aprobada, ahora será el Poder Ejecutivo quien reglamente su aplicación y determine concretamente qué localidades quedarán comprendidas dentro del nuevo régimen.