En medio del conflicto con Uruguay, renunció a Cardama el accionista José García Cuestas

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José García Costas, uno de los principales accionistas de Astilleros Cardama, renunció al consejo de administración del astillero vigués en pleno conflicto con Uruguay por la rescisión de un contrato de 82,2 millones de euros para la construcción de dos patrulleras oceánicas. La dimisión quedó registrada de forma oficial en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) este lunes, según informó Faro de Vigo.

“Es lo mejor para mí y para el grupo”, declaró el propio García Costas al medio gallego. El empresario, dueño del holding Emenasa que agrupa 13 compañías vinculadas a la industria naval, reconoció que la decisión está directamente motivada por la situación que atraviesa Cardama con el gobierno uruguayo. “Una persona que está en el consejo tiene una responsabilidad añadida”, explicó. Aclaró que la familia Cardama ya estaba al tanto: “Lo han entendido”, resumió. Pese a la salida del directorio, García Costas mantendrá casi el 40% del accionariado de la empresa, siendo el segundo accionista detrás de Imbeira SL, de Mario Cardama.

El conflicto tiene su origen en 2023, cuando Cardama firmó con la Armada de Uruguay el contrato más importante de su historia para construir dos patrulleras oceánicas del tipo OPV (offshore patrol vessels, embarcaciones de patrullaje en aguas abiertas). El problema estalló en octubre pasado cuando el gobierno del presidente Yamandú Orsi detectó irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento del contrato: la empresa aseguradora con la que se firmó, identificada como Eurocommerce, resultó no existir. El Ejecutivo uruguayo acusó al astillero de presunta estafa y ejecutó la rescisión del contrato el 13 de febrero de este año.

Ante ese escenario, Cardama decidió la semana pasada llevar el caso ante la Corte Internacional de Arbitraje (ICC) de París. García Costas fue claro sobre las perspectivas del proceso: “No es un tema que se vaya a resolver fácil y rápido”, afirmó, y advirtió que “aún hay problemas sobre cómo se va a enfocar”.

Mientras tanto, Cardama sigue reclamando que Uruguay retire de sus instalaciones los bloques ya ensamblados de las patrulleras, que permanecen a medio construir en Vigo.

Uruguay desembolsó cerca de 29 millones de euros en el proyecto y pretende recuperarlos a través de una demanda por daños y perjuicios. 

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