Juego caro que se paga con dinero público: salarios, viáticos, acomodos y los “impostores” de un sistema bajo sospecha

En algunos juegos hay un tablero, tareas visibles, recorridos estratégicos y una pregunta permanente: quién juega limpio, quién cumple el rol que le corresponde y quién aprendió demasiado bien a moverse entre casilleros, ventajas y zonas grises. Todos parecen integrar el mismo equipo, aunque no todos jueguen bajo las mismas reglas.

En la Junta Departamental de Cerro Largo, según distintas fuentes consultadas por Cerro Largo Portal, el paralelismo con ciertos juegos de “impostores” no parece exagerado. Porque aquí también hay rutas visibles y otras menos evidentes; salarios formales y beneficios paralelos; responsabilidades institucionales y mecanismos que, según testimonios recogidos por este medio, muchas veces terminan extendiendo el ingreso real bastante más allá de lo que figura en un recibo.

Para preservar identidades, esta crónica hablará de Impostor 1, Impostor 2, Impostor 3 e incluso un ocasional Impostor 4: voces provenientes desde dentro o muy cerca del funcionamiento legislativo que describen un engranaje donde, sostienen, el dinero público convive con prácticas normalizadas, controles débiles y silencios demasiado convenientes.

Algunas afirmaciones recogidas por este medio pudieron contrastarse con cifras salariales, sesiones, documentos, normativa y registros institucionales. Otras corresponden a denuncias y testimonios que Cerro Largo Portal no pudo corroborar documentalmente y se presentan estrictamente como dichos de las fuentes consultadas.

Pero incluso allí donde faltan pruebas concluyentes, las preguntas sobreviven. Porque cuando demasiadas voces describen el mismo mecanismo, el ruido deja de parecer anecdótico.

EL PRIMER CASILLERO: EL FULL TIME Y LOS SALARIOS

El primer casillero del tablero aparece en algo perfectamente visible: los salarios.

Dentro de la Junta Departamental existe una estructura funcional cuyos ingresos, en varios casos, superan ampliamente el imaginario ciudadano sobre un organismo deliberativo local. Allí aparece uno de los primeros focos de discusión: el adicional por full time.

A las remuneraciones se suma un 40% que institucionalmente se justifica como compensación por disponibilidad extendida para atender sesiones, comisiones, reuniones y tareas fuera del horario habitual.

La defensa es conocida y suele repetirse casi como un libreto: “en otras juntas también existe”.

Pero la pregunta política sigue siendo otra.

¿Se remunera una disponibilidad real o terminó consolidándose un porcentaje fijo incorporado al salario como parte permanente del sistema?

Impostor 1 lo resume sin demasiados rodeos:

“Siempre se dice lo mismo: que se trabaja fuera de hora y que otras juntas tienen full time. El tema es si corresponde pagar un porcentaje fijo permanente o pagar las horas cuando realmente se hacen”.

Las cifras ayudan a entender el tamaño del debate.

Con el adicional incluido, el futuro secretario político y el jefe de Área Administrativa pasarían a percibir alrededor de $235.802 mensuales. El subjefe administrativo y el jefe del Área de Servicios rondarían los $172.921. Contador y asesor jurídico superarían los $220.081, auxiliares primeros alcanzarían unos $157.202, auxiliares segundos aproximadamente $141.481, mientras choferes rondarían los $125.761 y cargos como conserjes o auxiliares de servicio superarían los $110.041.

Nada de esto es, en sí mismo, irregular.

La discusión empieza en otro lugar: oportunidad política, proporcionalidad y coherencia.

Porque mientras se habla públicamente de restricciones económicas, salarios elevados y nuevas designaciones siguen ampliando el tablero.

LOS BENEFICIOS QUE EL RECIBO NO MUESTRA

Pero el sueldo, sostienen distintas fuentes consultadas, rara vez llega solo.

A los ingresos formales se agregan beneficios indirectos: uniformes, canastas navideñas, compensaciones y viáticos asociados a viajes laborales.

Según Impostor 1, incluso existiría una excepción comentada dentro del propio organismo: la actual secretaria de la Junta habría decidido no cobrar viáticos en determinados viajes institucionales, renunciando voluntariamente al beneficio por razones éticas.

La excepción, precisamente, vuelve a encender otra pregunta.

Si algunos consideran razonable renunciar a esos montos, ¿qué percepción interna existe sobre el sistema?

Según testimonios recogidos por este medio, los viáticos no siempre requerirían una rendición minuciosa gasto por gasto mediante boletas, cuestión que críticos internos consideran insuficiente desde el punto de vista del control.

“Cuando el viaje es a departamentos turísticos cambia el partido”, ironiza una fuente.

Rocha, Maldonado, Colonia o Paysandú aparecen mencionados recurrentemente en conversaciones internas como ejemplos de destinos donde los montos diarios podrían ubicarse entre $15.000 y $18.000, sumándose al resto de beneficios.

Nada de esto prueba abuso.

Pero sí abre una discusión política incómoda: cuándo el beneficio deja de compensar un gasto y empieza a parecer parte estable del ingreso.

EL TABLERO DE LOS EDILES: COMBUSTIBLE, CENAS Y KILOMETRAJE

Si el primer casillero aparece en salarios, el segundo —y quizás el más polémico— comienza cuando se entra al universo de los ediles.

Allí conviven partidas legales de combustible, gastos telefónicos, exoneraciones vinculadas al pago de patente, viáticos institucionales, kilometraje y compensaciones por alimentación.

Según fuentes consultadas, ediles titulares acceden a partidas cercanas a $8.000 en combustible y suplentes a montos menores, además de otros conceptos asociados a la actividad legislativa.

Pero donde el sistema empieza a levantar ruido es en el kilometraje.

Para quienes fijan residencia a determinada distancia de Melo, existe compensación calculada según kilómetros recorridos.

“Ahí empieza otra partida”, sintetiza Impostor 2.

Mientras algunos suplentes radicados en Melo perciben montos modestos —en torno a $13.000 mensuales incluyendo teléfono, combustible y otros conceptos—, fuentes consultadas sostienen que determinados representantes particularmente activos en congresos, reuniones, comisiones y viajes podrían llegar a percibir ingresos considerablemente superiores mediante acumulación de viáticos y compensaciones.

Una fuente ejemplifica con traslados desde Río Branco a Melo, donde se generan compensaciones equivalentes a litros de combustible más cena, esquema que —según afirma— se multiplica cuando algunos curules participan casi diariamente de distintas instancias.

Y aquí aparece una de las denuncias más repetidas.

“Muchos saben que varias personas pueden venir juntas en un mismo vehículo y cada una cobrar individualmente”, sostiene Impostor 2.

Cerro Largo Portal no pudo corroborar documentalmente esa afirmación ni establecer el alcance real de esa práctica. La denuncia se presenta exclusivamente como versión de la fuente consultada.

Pero la pregunta vuelve sola: si el sistema pretende compensar gastos reales, ¿qué controles verifican efectivamente esos gastos?

¿HONORARIOS O REMUNERADOS DE HECHO?

El artículo 295 de la Constitución es claro: el cargo de edil es honorario.

La definición parece simple.

La práctica abre interrogantes.

Cuando combustible, viáticos, kilometraje, cenas, gastos telefónicos y otras compensaciones terminan generando ingresos relevantes, la pregunta deja de ser jurídica y pasa a ser política.

¿Sigue intacto el espíritu constitucional o se administra, en los hechos, una remuneración indirecta?

Quienes defienden el sistema sostienen que los gastos existen y deben cubrirse. Sus críticos responden algo diferente: si el modelo necesita tantas compensaciones permanentes, quizás deba sincerarse políticamente en vez de sostener una ficción institucional.

EL KILOMETRAJE BAJO SOSPECHA

“Los domicilios falsos han sido una constante”, dispara Impostor 2.

La acusación es delicada.

Cerro Largo Portal no pudo corroborar documentalmente casos concretos ni establecer si se trata de hechos aislados o extendidos. Sí surge de informes de gastos un dato objetivo: el combustible representa un desembolso millonario.

Según la fuente, históricamente existirían cuestionamientos respecto a residencias declaradas lejos de Melo que no necesariamente coincidirían con la vida cotidiana efectiva de algunos actores políticos.

Otra denuncia apunta a rendiciones.

“Hay quienes presentan boletas al detalle y devuelven dinero si no lo usan. Pero hay otros que conocen perfectamente el circuito”, sostiene Impostor 2.

La fuente menciona supuestos gastos sobredimensionados en alimentación, boletas infladas y mecanismos de rendición que —según afirma— merecerían controles mucho más estrictos.

Cerro Largo Portal no pudo verificar esas afirmaciones.

Pero incluso quienes relativizan estas denuncias reconocen un punto: el sistema parece tener pocos incentivos para la austeridad.

LOS SECRETARIOS DE BANCADA: EL CASILLERO MENOS VISIBLE

Si existe un rincón especialmente opaco del tablero político, ese parece ser el de los secretarios de bancada.

Según distintas fuentes consultadas, se trata de cerca de una veintena de cargos distribuidos entre agrupaciones y sectores políticos.

Hasta 2025, la retribución mensual rondaba los $68.700.

En teoría cumplen tareas de apoyo político y administrativo.

En la práctica, alrededor de estas designaciones sobreviven cuestionamientos persistentes.

“Acá hay de todo”, resume Impostor 3.

Según testimonios recogidos por este medio, aparecen familiares, allegados, parejas, dirigentes cercanos y nombres políticamente vinculados tanto al Partido Nacional como al Frente Amplio.

Las fuentes reconocen excepciones y funcionarios con tareas activas y visibles.

Pero también sobreviven críticas sobre horarios difusos, controles débiles y funciones difíciles de medir desde afuera.

“Hay secretarios que aparecen un rato en sesión y después desaparecen”, afirma la fuente.

Cerro Largo Portal no pudo corroborar individualmente esas afirmaciones.

La crítica política, sin embargo, permanece: cuando la designación depende principalmente de confianza partidaria, la frontera entre estructura política y acomodo empieza a volverse incómodamente difusa.

EL CASO OTONELLI Y EL TABLERO QUE SE MIRA A SÍ MISMO

Entre las historias que más ruido generan aparece el episodio vinculado a Javier Otonelli.

Según registros de sesión cotejados por Cerro Largo Portal, en julio de 2025 se planteó su pase en comisión desde la Intendencia hacia la Junta para desempeñarse como secretario de bancada de su propia agrupación política.

Distintas fuentes sostienen que el pase no terminó concretándose y que continuó vinculado al equipo político de José Yurramendi y luego al entorno de Christian Morel. La solicitud, sin embargo, existió.

El problema no fue jurídico.

El problema fue político.

Porque existen situaciones que, aun siendo legales, erosionan confianza pública.

EL SILENCIO POLÍTICO

Mientras tanto, la Junta se prepara para nuevas votaciones, nuevos cargos y salarios elevados.

Y alrededor del tema aparece algo igual de llamativo: el silencio.

Dentro del oficialismo, referentes vinculados al espacio político de José Yurramendi han evitado posicionamientos públicos fuertes sobre el esquema.

La pregunta empieza a circular incluso entre militantes: ¿silencio estratégico?, ¿acuerdo implícito?, ¿incomodidad política?

Desde el Frente Amplio, quien sí ha realizado cuestionamientos públicos es el edil Guarino, mientras otros dirigentes han evitado pronunciamientos.

Y el silencio también comunica.

Porque cuando nadie explica, otros interpretan.

AUSTERIDAD PARA UNOS, EXPANSIÓN PARA OTROS

Aquí aparece quizás la contradicción política más difícil de explicar.

Mientras desde el Ejecutivo encabezado por Christian Morel se habla de restricciones, dificultades económicas y necesidad de administrar con cuidado, dentro del sistema político sobreviven cargos, beneficios y estructuras cuyos costos generan preguntas.

El discurso de la escasez y la expansión parecen convivir al mismo tiempo.

El día y la noche.

Fuentes consultadas también describen relaciones políticas y familiares con dependencias municipales y del Ejecutivo que —según sostienen— muchas veces generan redes de dependencia difíciles de ignorar.

Cerro Largo Portal no pudo verificar individualmente esos señalamientos.

Pero la percepción interna aparece repetida una y otra vez: incomodidad.

EL DADO SIGUE EN EL AIRE

Al cerrar esta historia, el tablero sigue abierto.

El jueves habrá votaciones, nuevos nombres y probablemente nuevas explicaciones.

Pero la discusión ya dejó de ser solamente contable.

La responsabilidad es política.

Porque ningún sistema de salarios, kilometrajes, viáticos, secretarías, silencios y compensaciones funciona solo.

Siempre tiene responsables.

Quienes votan. Quienes justifican. Quienes callan. Quienes administran. Quienes miran hacia otro lado.

Y allí aparece la pregunta más incómoda de todas:

Si la Junta Departamental existe para controlar al poder departamental, ¿qué ocurre cuando los vínculos políticos, los beneficios cruzados y los silencios empiezan a borrar la distancia entre quien controla y quien debería ser controlado?

Tal vez el verdadero problema no sea solamente cuánto cuesta el juego.

Tal vez el problema sea otro: cuánto está dispuesta a tolerar la ciudadanía cuando demasiados jugadores parecen sentirse cómodos con las reglas del tablero.