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“Estamos desesperados”: Familias agotan instancias y recurren al juzgado por presunta violencia escolar

Un grupo de familias de alumnos de Nivel 5 de un centro educativo de la ciudad de Melo presentó en la tarde de este jueves una denuncia judicial solicitando medidas de protección para los niños, tras manifestar preocupación por presuntas situaciones de violencia física, verbal y psicológica que habrían ocurrido en el ámbito escolar.

Según surge del escrito presentado ante la Justicia, los denunciantes sostienen que previamente realizaron planteos ante las autoridades educativas, así como denuncias en otros organismos competentes, lo que derivó en una investigación administrativa y en la intervención de equipos técnicos especializados.

De acuerdo con el documento, durante el proceso se realizaron entrevistas a alumnos y familiares, elaborándose informes que actualmente forman parte de actuaciones administrativas y judiciales. Las familias entienden que los resultados de esas evaluaciones respaldan la existencia de indicadores de situaciones de violencia que habrían afectado a los niños.

Entre los hechos relatados se mencionan episodios de gritos, maltratos y conductas que, según los denunciantes, habrían generado temor, estrés y rechazo de los menores hacia la concurrencia al centro educativo. También señalan que varios niños comenzaron a manifestar malestares físicos y emocionales, solicitando con frecuencia ser retirados de clases.

El escrito expresa además preocupación por el regreso a funciones de la docente denunciada, situación que llevó a varias familias a decidir no enviar a sus hijos al centro educativo mientras no existan garantías suficientes para su bienestar y seguridad.

Ante este escenario, los padres solicitaron a la Justicia la adopción de medidas cautelares y de protección para los pequeños de 5 años, así como la convocatoria de autoridades y técnicos que participaron en la investigación para aportar información sobre los hechos denunciados.

La situación continúa siendo analizada tanto en la órbita judicial como administrativa, mientras las familias aguardan resoluciones que permitan restablecer la normalidad educativa y garantizar la protección de los menores.

“Estamos desesperados”, relató a Cerro Largo Portal, uno de los miembros de las 18 familias que respaldan con sus firmas esta nueva denuncia.

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