Sin calles, sin UTE y sin respuestas: el drama del barrio sin nombre que nadie frenó
Alrededor de 30 familias que compraron terrenos en un predio ubicado en la zona de avenida General Garibaldi y ruta 26, carretera a Río Branco, denuncian haber sido víctimas de una venta irregular. Aseguran que adquirieron los solares de buena fe y cuestionan que, pese a tratarse de un fraccionamiento no habilitado, ninguna autoridad detuvo la comercialización, que incluso —según afirman— continúa hasta el día de hoy.
Lo que comenzó como el sueño de acceder a un terreno propio terminó convirtiéndose en un problema para unas 30 familias que hoy habitan un barrio que ni siquiera tiene nombre, ubicado en la zona de avenida General Garibaldi y ruta 26, hacia la salida de Melo rumbo a Río Branco.
Los vecinos sostienen que compraron los terrenos convencidos que la documentación estaba en regla. Sin embargo, tiempo después descubrieron que los solares forman parte de un padrón rural, cuyo fraccionamiento no está permitido por la normativa vigente.
“Fuimos embaucados“, expresó sin anestesia Florencia Rodríguez, una de las vecinas del lugar. Según indicó la mujer al ser consultada por La Voz de Melo, quien comercializaba los terrenos les aseguró que no tendrían inconvenientes para construir ni acceder posteriormente a los servicios públicos.
Hoy la realidad es muy distinta. El barrio carece de infraestructura básica y las familias no pueden acceder en forma regular a servicios como la energía eléctrica de UTE, mientras también reclaman calles transitables y una solución definitiva para regularizar el lugar; algo que fue planteado por los damnificados al intendente Christian Morel, según dicen.
“Incluso cables de alta tensión pasan por encima de varias de las casas, y según nos dicen funcionarios de UTE, corremos riesgos”, agregó Rodríguez, quien reflexiona, “pero nosotros no podemos desarmar nuestras casas”.
El reclamo vecinal deja en evidencia que en todo este tiempo, ningún organismo haya intervenido para impedir la comercialización de los terrenos, pese a que el fraccionamiento no contaba con las autorizaciones correspondientes.
“Lo que más nos duele es que esto no es reciente, hace años que se venden los terrenos y nadie paró esto a tiempo. Si era ilegal vender, ¿por qué la Intendencia dejó que esto siguiera?”, planteó uno de los residentes a Cerro Largo Portal.
Incluso, según denuncian quienes viven en el lugar, los terrenos continuarían ofreciéndose y vendiéndose por parte de un particular, “sin que nadie haga nada”, pese a las consecuencias con las que deben lidiar a un par de años de las primeras ventas.
La situación deja al descubierto un problema que trasciende la presunta responsabilidad del vendedor. Los habitantes entienden que hubo una falta de controles que permitió que decenas de familias invirtieran sus ahorros en un emprendimiento que no reunía las condiciones legales exigidas.
La regularización del barrio dependería ahora de un proceso administrativo, que deberá ajustarse a la normativa de ordenamiento territorial y requerirá la intervención de la Intendencia de Cerro Largo y otros organismos competentes, como la Junta Departamental. Mientras tanto, las familias permanecen en un barrio sin nombre, sin servicios esenciales y con la incertidumbre sobre el futuro de viviendas que construyeron con mucho esfuerzo.
