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Murió José Breijo, el uruguayo que fue preso político en Venezuela por vender una foto

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En las últimas horas, falleció a los 71 años José Breijo, un ciudadano uruguayo radicado en Venezuela que fue encarcelado acusado de terrorismo por el régimen de Nicolás Maduro. La noticia fue confirmada por el periodista venezolano Carlos Rojas, amigo cercano de Breijo, quien lo despidió en sus redes sociales como “hermano de vida” y “mártir”.

El hombre nunca recuperó su libertad plena: al momento de su muerte se encontraba bajo medida de arresto domiciliario, la única concesión que el régimen le había otorgado luego de que pasara más de dos años detenido en condiciones que sus allegados describieron como “inhumanas” en la cárcel de Tocuyito.

Breijo había llegado a Venezuela en 1979, donde trabajó como cocinero en un lujoso hotel de Caracas y luego como administrador hotelero. Se casó con una venezolana y echó raíces en el país durante décadas.

Su calvario comenzó a fines de 2023, cuando intentó vender una fotografía que había tomado de las oficinas de un supuesto grupo islamista en Caracas, en el contexto del estallido de la guerra entre Israel y Hamás porque necesitaba US$ 1.500 para costear un cateterismo. La persona que supuestamente iba a comprarle la imagen lo citó en una panadería y lo detuvo en el acto.

“Pedimos un café y la persona que vino me preguntó qué era lo que tenía. Le dije que tenía una foto, se la mostré y luego me puso las esposas. Ahí empezó mi karma, en los peores calabozos, donde reina la droga”, relató Breijo meses después. Quedó imputado por terrorismo.

En prisión le diagnosticaron un edema doble pulmonar, condición crítica que pone en riesgo la vida por exceso de líquido en los pulmones. Salió de la cárcel con las piernas ulceradas y un estado de salud muy deteriorado.

Cuando en mayo de 2026 fue excarcelado en el marco de la amnistía impulsada por Delcy Rodríguez bajo presión de Washington —tras la captura de Maduro en un operativo estadounidense—, Breijo regresó a su apartamento y lo encontró ocupado por uno de los policías que lo había arrestado. Tuvo que dormir en el pasillo del edificio, mientras las fuerzas de seguridad intentaban desalojarlo incluso de ese espacio.

Fue la Embajada de Uruguay y la presión ciudadana las que ayudaron a gestionar la devolución de su vivienda. Días después fue hospitalizado de urgencia por su deteriorado estado de salud. A pesar de eso, nunca le concedieron la libertad que reclamaba.

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